La Junta expresa la «preocupación» por un acuerdo que «entierra la minería sin una alternativa»

La consejera portavoz del Ejecutivo, Milagros Marcos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se mostró muy critica con el acuerdo firmado este miércoles en Madrid y censuró que no se les haya remitido oficialmente el documento y se hayan enterado por los medios de comunicación y por los sindicatos, con los que tienen «una buena relación».

«El acuerdo certifica que el PSOE ha enterrado la minería», sentenció Marcos, que planteó una serie de dudas entre ellas cuántas empresas y trabajadores quedarán, cuáles serán las empresas que puedan generar actividad y empleo en la zona, que pasará con las empresas subcontratadas o cómo quedarán las térmicas, a las que no se vincula a lo firmado, así como sí se exigirá a las eléctricas que realicen las inversiones.

Marcos recalcó que la Junta siempre ha pedido una transición justa, en la que no «se cierren» las minas «de un día para otro», y aseguró que prefieren empleo que prejubilaciones a los 48 años, a la vez que deslizó que los sindicatos de Castilla y León no comparten lo suscrito por los representantes de industria de CCOO y UGT.

Por otro lado, se preguntó cómo van a «gastar» 250 millones en dos meses cuando están pendientes 150 millones del plan de reindustrialización, si bien respondió que es «responsabilidad de todos y de nadie» cuando se la preguntó quién tenía que haber ejecutado esos fondos. «Transición sí, pero buscando alternativas», aseveró.

Igualmente, criticó que la minería pública de Asturias pueda tener más tiempo y no sea así en la privada de las cuencas de Castilla y León e insistió en que el acuerdo recoge prejubilaciiones pero no la actividad económica a generar en la zona.

De esa manera, valoró la portavoz el acuerdo suscrito entre las ministras de Transición Ecológica y de Empleo, Teresa Ribera y Magdalena Valerio, con representantes de CCOO, UGT y USO y de la patronal Carbounión para el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta 2027, dotado con 250 millones de euros en los cinco primeros años.

El acuerdo prevé prejubilaciones y bajas incentivadas, junto a un plan de choque para el desarrollo de energías renovables y la posibilidad de contratos entre el Gobierno y las administraciones autonómicas y locales que incluyen incentivos fiscales.