El dolor y los fantasmas del Pozo Emilio

El inicio del juicio ha sido fijado para el próximo 5 de abril en al juzgado de lo penal número 2 de León y está previsto que se prolongue durante un mes y medio. En el banquillo de los acusados se sentarán 16 directivos, ingenieros y vigilantes de a la Hullera Vasco Leonesa, entre ellos el presidente de la empresa, Antonio del Valle, para cada uno de los cuales la fiscalía pide una pena de 3,5 años, además de la propia sociedad, como responsable civil subsidiaria, y la compañía aseguradora HDI como responsable civil directa y solidaria.

Ese día, para las familias, regresarán todos los fantamas y se abrirán de nuevo las heridas. El proceso, que se presume técnico y complejo, deberá por fin hacer justicia.

El Ministerio Fiscal ha determinado que el accidente del pozo Emilio, en el que fallecieron seis mineros y ocho resultaron gravemente heridos el 28 de octubre de 2013, era «previsible y evitable». Son las principales conclusiones del escrito de la acusación pública al que han tenido acceso las acusaciones y por el que solicita la apertura de juicio oral contra 15 personas, entre ellos la cúpula de la Hullera Vasco Leonesa, como responsables directos del accidente.

Concretamente y según las conclusiones definitivas a las que en su momento tuvo acceso leonoticias, el accidente tuvo su origen en las condiciones «muy peligrosas» en las que se desarrollaban las labores de explotación del tajo así como las inadecuadas medidas de seguridad.

A ello se suma, continúa el fiscal, la omisión total por parte de los responsables para vigilar la seguridad en el taller, variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accediesen a diario a su puesto, lo que hubiera evitado el accidente.

Por todo ello, entiende que los acusados, que deberán indemnizar a las familias de los fallecidos 1,105.000 millones de euros así como más de 776.000 euros a los trabajadores que resultaron heridas, con cuantías que oscilan entre los 272.500 euros y los 24.550 según el grado de las secuelas.

Asimismo y contradicción con la jueza de instrucción, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa contra el delegado minero Alberto Fernández, al entender que no tuvo una intervención directa en las labores de seguridad en el momento en el que tuvo lugar el accidente.

Asimismo, imputa a cinco ingenieros de Minas que en su día ocupaban los cargos del jefe y subjefe de Tabliza y responsables del servicio de prevención de riesgos, seguridad y salvamento -José Carlos García Jarrín, David Toribio, Javier Martínez, Jairo Gómez y Marcos Ulecia-.

Por último, imputa a cinco vigilantes de seguridad –Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo, Andrés Rodríguez y Alberto Rivero-, al entender que los 15 acusados «incumplieron la obligación que, por sus respectivos cargos, legalmente les incumbía para proteger la seguridad de los trabajadores».

De ahí que advierta que ante los numerosos factores y avisos de riesgo que existían desde el inicio de la explotación del taller, los acusados deberían haber paralizado el tajo e impedido el acceso de los trabajadores para, posteriormente, evitar la forma de explotación.

Además ve de «insuficiente e inadecuadamente adecuada» la ventilación del taller, advirtiendo incluso que si los ventiladores hubieran estado correctamente ubicados se hubiese podido renovar el oxígeno en el lugar donde habían caído trabajadores en un tiempo aproximado de 66 segundos, existiendo la posibilidad de que «alguno de ellos no hubiese fallecido si la ventilación hubiese estado adecuadamente ubicada».

En la misma línea, el Ministerio Fiscal determina que no se adoptaron las medidas necesarias respecto del control de los niveles de metano registrándose valores «en general» altos durante la semana de explotación del 14 al 18 de octubre, siendo el día 25 cuando se experimenta una subida brusca, que desde las 19:10 horas y hasta el final del relevo sitúa al metano en el 2%.

A ello se suma que el sábado 26 se registró un corte en la alimentación eléctrica y en la ventilación y el 27 se observa cómo le cuesta a la ventilación disminuir la concentración de metano. Así, el 28 de octubre, cuando se reanudaron los trabajos, se registró un corte en la ventilación que provocó que el metano alcanzará el 3% en el tercer relevo.

Asimismo, a las 11:35 horas se produjo una avería en el circuito de extracción que, a su vez, origina un fallo de suministro eléctrico interior y paraliza la actividad. A las 11:47 horas se restaura el suministro eléctrico y durante 10 minutos se efectúa la limpieza del gas acumulado, intentando reanudar de nuevo las cintas transportadoras, lo que genera un segundo fallo eléctrico.

A pesar de que el valor del retorno de la ventilación es bajo, no se hizo nada por impedir la entrada de los trabajadores fallecidos y de los lesionados. Así, a las 13:24 horas, hora en la que tuvo lugar el fatal accidente, se registró un aumento «brusco» del metano por encima del 5%. En ese momento, los accidentados no utilizaron inmediatamente el autorescatador. La vida se les fue en segundos.