El juez suspende la condena de Victorino Alonso por destruir un yacimiento de la Cueva de Chaves

Esta decisión está plasmada en un auto en el que el magistrado sopesa la actual situación personal de Alonso, entre otras cuestiones su insolvencia económica para hacer frente a la indemnización, así como otras circunstancias como la ausencia de antecedentes penales y el hecho de que su condena no supera los dos años de cárcel.

El auto judicial, al que ha tenido acceso Efe, incide de forma especial en el pago de la indemnización establecida y destaca que el propio Código Penal admite la posibilidad de aplicar la suspensión de la condena en los casos en los que se haya declarado la imposibilidad total o parcial de que el acusado pueda hacer frente al abono de la cuantía establecida.

«En este caso -destaca el escrito- la responsabilidad civil asciende a 25,5 millones de euros lo que, por sí solo, ya da una idea de la dificultad de hacer frente a tan elevada cuantía». Señala, además, que Victorino Alonso no sólo fue declarado insolvente el pasado mes de septiembre, una vez rechazado todos sus recursos, incluso el antepuesto en el Tribunal Constitucional, sino que está realizando en la actualidad pagos mensuales al tener embargada su pensión de jubilación.

También aprecia el magistrado el hecho de que la sociedad Fimbas, vinculada a Alonso y condenada como responsable civil subsidiaria en el pago de la indemnización, ha ofrecido en «dación de pago» la finca de Bastarás, una extensa propiedad donde se ubicaba la Cueva de Chaves.

El auto añade que aunque no consta que el Gobierno aragonés haya concluido el expediente administrativo para aceptar la titularidad de la finca, su representante legal remitió el pasado mes de marzo al juzgado un escrito para expresar la intención de la administración regional de aceptar la propiedad, así como la valoración hecha por Fimbas en su momento de 12,6 millones de euros.

«Hay que concluir -subraya el juez- que se está haciendo frente al pago de la responsabilidad civil en la medida de la posibilidad de pago de los deudores y se ha abonado (o se está en trámites de hacerlo) una parte relevante de la misma, de modo que no cabe negar el acceso al beneficio de la suspensión de la pena al condenado por el hecho de no haberse pagado en su totalidad«.

Entiende el juez, cuya decisión es recurrible, que no se infieren elementos de peligrosidad que aconsejen denegar la suspensión de la pena «dada la naturaleza del delito cometido», aunque condiciona esta medida a que el acusado no delinca por un periodo de tres años.

A la petición de suspensión de la condena se opusieron semanas atrás tanto el fiscal como los representantes legales del Gobierno aragonés y de la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA).

La responsable legal de Apudepa, Pilar Villellas, ha asegurado a Efe que valorará con sus clientes la posibilidad de recurrir el auto a la vista de que Victorino Alonso fue un empresario con poder que llegó a presidir las empresas mineras españolas.

Victorino Alonso fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca en noviembre de 2016 como responsable directo de la destrucción del yacimiento arqueológico de Chaves, uno de los más importantes del neolítico español y europeo, sentencia que fue confirmada un año después por la Audiencia oscense.

Ambos tribunales consideraron, en atención a la opinión de los peritos, que el enclave de Chaves y otros situados en su entorno, de interés para el arte rupestre, estaban declarados de interés cultural, además de estar considerados en su conjunto patrimonio mundial de la Unesco.