La juez fija una fianza de 3,4 millones para la cúpula y 13 responsables de la Vasco por el accidente del pozo Emilio

Concretamente y según el auto que ha tenido acceso a leonoticias y que era notificado a última hora de este jueves a las partes, el juez solicita a los 16 imputados el pago conjunta y solidariamente de una fianza de 3.420.000 euros en el plazo de cinco días, procediendo al embargo de sus bienes de su propiedad si transcurre el tiempo fijado.

Fianza con la que, según recoge el auto, se asegurará el pago de las responsabilidades pecunarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes. El pago se fija atendiendo valorando los delitos por los que se les acusa, por los que incluso se piden penas de multa de hasta un año con cuotas diarias de 30 euros.

En total y según recoge el escrito judicial, junto con el Ministerio Fiscal han sido 13 las acusaciones particulares, representantes de fallecidos y heridos, los que han presentado escrito de acusación contra los 16 acusados.

Concretamente, los representantes legales de las familias de cinco de los seis fallecidos – José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Orlando González y Roberto Álvarez- solicitan penas que oscilan entre los siete y seis años de cárcel por los delitos de homicidio y contra los derechos de los trabajadores.

Por su parte, los letrados de los heridos solicitan penas de hasta seis años de prisión por los delitos de lesiones por imprudencia y contra la seguridad en el trabajo. Una pena, la máxima, solicitada por el Ramón Carro, representante legal de uno de los heridos que está liderando la acusación particular.

De esta modo, la jueza atiende a los requerimientos de Fiscalía y acusaciones y acuerda la apertura de juicio oral contra el presidente de la Vasco, Antonio del Valle, el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, el director general, Mario Calvo y el director facultativo del Grupo Tabliza, Jose Eliseo Solís.

Asimismo, considera autores directos del accidente a cinco ingenieros de Minas que en su día ocupaban los cargos del jefe y subjefe de Tabliza y responsables del servicio de prevención de riesgos, seguridad y salvamento -José Carlos García Jarrín, David Toribio, Javier Martínez, Jairo Gómez y Marcos Ulecia-.

Por último, considera responsables del falta accidente a cuatro vigilantes de seguridad –Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo, Andrés Rodríguez- así como al delegado minero Alberto Rivero, a pesar de que el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa entendiendo no tenía la posibilidad alguna de disponer y organizar los medios productivos, la actividad laboral y la seguridad en el trabajo.

De este modo la jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 4 fija las bases para el juicio oral por la muerte de seis mineros el 28 de octubre de 2013 en un accidente que dejó otros ocho mineros heridos.

El accidente se produjo por una invasión masiva de grisú que dejó el oxígeno por debajo del 1% y causó la muerte inmediata de los seis trabajadores que en ese momento se encontraban en el taller de la planta 7ª del ala Este del macizo 7º del grupo Competidora. Murieron José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Roberto Álvarez, Orlando González y José Luis Arias.

El auto previo de imputaciones de la juez del Juzgado de Instrucción nº4 de León detalla los graves errores que provocaron el fatídico accidente. Un auto que contradice a las declaraciones de los que fueran responsables de la Hullera Vasco Leonesa que, durante sus declaraciones en sede judicial, reiteraron que el siniestro fue algo “absolutamente imprevisto” y que había un seguimiento en la seguridad en el interior de la Vasco.

Nada más lejos de la realidad, el accidente se pudo haber evitado. Es más, el juez advierte de que los mineros estaban trabajando en condiciones muy peligrosas, sin las adecuadas medidas de seguridad, lo que ponía en grave peligro la vida, la salud y la integridad física.

En este sentido, la juez asegura que fueron “muchos los avisos e indicios de riesgo” que la mina fue dando a diario sin que los 16 imputados los tuvieran en cuenta, como ocurrió el 15 de noviembre cuando por primera fue visible la bóveda que, junto a la sobrecarga del carbón que soportaba, provocó una desgasificación de gas grisú que provocó la muerte de los mineros.

En el auto, se detalla que desde el día 12 de octubre se habían superado “en más de la mitad de la jornada” los límites establecidos de gas metano, registrándose valores “en general” altos durante la semana de explotación del 14 al 18 de octubre, siendo el día 25 cuando se experimenta una subida brusca que sitúa al metano en el 2%.

A ello se suma que el 28, cuando se reanudaron los trabajos, se registró un corte de ventilación que provocó que el metano alcanzará el 3%, hasta que a las 13:24 horas, hora en la que tuvo lugar el fatal accidente, se registró un aumento “brusco” por encima del 5%.