José Ángel Fernández Villa no ingresará en la cárcel

La Audiencia Provincial ha dictaminado que finalmente José Ángel Fernández Villa no ingrese en la cárcel como consecuencia de su estado de salud. El que fuera máximo dirigente del SOMA se enfrentaba a una pena de tres años de prisión por el 'caso Villa'.

Según recoge el auto «el prolijo y detallado dictamen médico - forense emitido permite extraer la conclusión de que el penado, debido a sus patologías, un «deterioro generalizado de su estado de salud, que supone una dependencia grave, precisando una tercera persona para la totalidad de las actividades de la vida diaria y siéndole muy difícil el sometimiento al régimen de horarios del centro penitenciario».

Además, el ingreso en prisión provocaría «cuadros confusionales agudos y agravaría el trastorno ansioso-depresivo que padece».

Argumenta la sala con anterioridad que el cumplimiento «de una pena de prisión por parte de un penado que padece una enfermedad que no puede ser calificada como muy grave y con padecimientos incurables, esto es, que no conlleve riesgo vital, sí puede vulnerar el derecho a la integridad física y mental».

También explica la Audiencia Provincial que si bien Villa podría recibir la atención pertinente en prisión, «supondría un esfuerzo y una particular dedicación, además de un sobrecoste, por parte del centro penitenciario, de difícil o imposible asunción». Asimismo, el ingreso en la misma provocaría una «especial penosidad constitutiva de una humillación o sensación de envilecimiento superior» al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena a la que se refiere el Tribunal Constitucional.

La Audiencia Provincial de Oviedo ordenó el 2 de octubre de 2020 su ingreso en prisión después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena de tres años de cárcel para el exsecretario general del sindicato minero.

Villa había sido condenado por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato. Además de la condena de cárcel, la Audiencia Provincial le impuso el pago de una indemnización de 234.462 euros al SOMA-FITAG-UGT y con 190.696 a SOMA-UGT, además de una multa de 24.000 euros.