Izquierda Unida presenta una PNL en Cortes en defensa del empleo y la nacionalización de Compostilla

La Central térmica Compostilla es una de las más importantes de España en producción energética. Da trabajo a más de 300 trabajadores en empleo directo, así como a subcontratas y muchos más de empleo indirecto, además de ser utilizada para la quema de carbón de las comarcas mineras limítrofes, aunque en la actualidad quema carbón exterior.

«Su adaptación a los estándares europeos, aunque costosos, son asumibles, si ello supone controlar de forma pública la producción y distribución de energía. Los trabajadores y trabajadoras son profundos conocedores de cómo mantener esa central en funcionamiento. El sector energético es con el agua el sector más importante para un país por ello es imprescindible avanzar hacia el control público del mismo», explica Terrón. «Porque ahora es el gobierno italiano el principal accionista de ENEL, la propietaria actual de esta Central Térmica de Compostilla».

Es por lo que desde IU se exige que el gobierno sea el que se haga cargo de la gestión. No debemos olvidar que Endesa-Enel, a pesar de obtener increíbles beneficios parece que no quiere invertir en mantener la central y sufragar los costes de su modernización y adaptación a los estándares europeos de reducción de emisiones contaminantes. Para IU «el gobierno debe invertir en su nacionalización, esto permitiría mantener el empleo, mantener la producción energética y un control público de la misma y priorizar la compra de carbón autóctono, hasta que se logre la transición a otro tipo de energías».

La provincia de León es una zona durante castigada por el cierre de empresas del sector minero. En el llamado Plan Nacional de Reducción de Emisiones para Grandes Instalaciones de Combustión se recogen las limitaciones que las térmicas tienen a partir de 2016 para cumplir los objetivos de emisiones contaminantes a los que se ha comprometido España. Así, antes de 2018 las centrales térmicas deben reducir entre un 50 y un 60% las emisiones de azufre y óxido de nitrógeno, según las especificaciones de la Unión Europea o reducir su capacidad de producción. En cualquier caso, el límite temporal para adaptarse a la nueva normativa es el año 2023.

Endesa-Enel calcula que modernizar Compostilla tendría un coste aproximado de 200 millones de euros y ya la Junta general de accionistas de la empresa italiana Enel, principal accionista de Endesa, anunció que Compostilla se cerraría el 30 de junio de 2020, después de que la empresa haya decidido que no invertirá para adaptarla a los requerimientos medioambientales de la normativa de la Unión Europea. Posteriormente ha anunciado que en todo caso los costes de esa modernización tendrían que ser asumidos públicamente.

Por todo ello, Izquierda Unida de León ha elevado una Proposición no de Ley a la Junta de Castilla y León para que el Parlamento Regional inste al Gobierno a tomar las medidas oportunas para dejar de depender de los intereses externos y garantice la protección de los puestos de trabajo, asumiendo la gestión pública de la misma, adaptándola a las exigencias actuales sobre emisiones de azufre y óxido de nitrógeno y manteniendo esta central termoeléctrica que permitiría la quema ecológica de carbón nacional y el control por parte del Estado de una herramienta estratégica de producción eléctrica. Avanzando hacia un cambio energético pero ordenado.