El Instituto para la Transición Justa destinará 150 millones a las obras de restauración ambiental en las comarcas mineras

Con este nuevo instrumento, los responsables del ITJ confían en reducir las barreras administrativas y competenciales que han retrasado el inicio de las labores de restauración en las explotaciones, de manera que el comienzo de las obras en los territorios mineros se produzca lo antes posible. Al respecto, las mismas fuentes recalcaron que las competencias de política industrial o de restauración ambiental están en manos de las comunidades autónomas, lo que obliga a la Administración General del Estado a buscar marcos de colaboración y aboca a los procedimientos a una tramitación más engorrosa.

Otra de las líneas de trabajo que se pondrá en marcha gracias a este presupuesto adicional estará centrada en la empleabilidad y tratará de ofrecer marcos de formación profesional para un empleo de futuro a los habitantes de estas zonas. Esta línea de trabajo está dotada con 17 millones y priorizará la participación de los excedentes mineros y de los trabajadores de las empresas auxiliares de las centrales térmicas, así como de los colectivos de mujeres y jóvenes

Una tercera línea, dotada con 110 millones, estará destinada a la puesta en marcha de infraestructuras municipales, tras analizar las propuestas de los ayuntamientos para buscar la reactivación real de estos territorios. Por último, el presupuesto restante se destinará a reforzar las líneas de investigación y desarrollo de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).

Por otro lado, el ITJ también destacó las modificaciones de la política energética que redirigirán sus esfuerzos a las zonas en transición. Así, los concursos para la capacidad que dejan libre las térmicas priorizarán los proyectos de renovables que generen más empleo en el territorio. Igualmente, los proyectos e inversiones vinculados a elementos de futuro como las renovables, el hidrógeno o el almacenamiento, tendrán a estas zonas como ámbitos de actuación prioritario.

Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los responsables del ITJ confían en que la llegada de los fondos europeos de transición justa, con porcentajes de cofinanciación que se situarán en torno al 80 por ciento, aumente el abanico de elementos para actuar en los contextos afectados por el cierre del sector minero y de las centrales térmicas.

Desde su puesta en marcha, la pasada primavera, el ITJ ha llevado a cabo una labor de identificación de los diferentes contextos locales, bajo la idea fuerza de que las soluciones no tienen que ser las mismas para todos los territorios. En ese sentido, los convenios de transición justa se conciben como un instrumento participativo y transparente para recabar las propuestas de los agentes implicados, en un marco de gobernanza de abajo hacia arriba.

Al respecto, la interlocución constante con los alcaldes de los territorios mineros provoca que estos instrumentos se diseñen con el objetivo de que los municipios pequeños puedan acceder a las soluciones propuestas. En ese sentido, las mismas fuentes avanzaron que la convocatoria de ayudas a municipios afectados por el cierre de centrales térmicas, gestionada por Ciuden y dotada con siete millones, se resolverá antes de final de año y tendrá una nueva convocatoria de cara al año que viene.

Respecto al futuro de los trabajadores afectados por los cierres en el sector, fuentes del ITJ aseguraron que la «solución definitiva» que reclaman los sinidicatos para este colectivo pasa por la recualificación profesional de estos empleados y por su participación en los procesos de restauración ambiental. También está previsto que antes de final de año entren en funcionamiento los convenios correspondientes al Plan del Carbón 2013-2018.