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Domingo, 1 de abril 2018, 19:39
La comisión de expertos sobre la transición energética y el cambio climático entregará este lunes su informe al ministro de Energía, turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Este documento analiza posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y ... que permitan cumplir con los objetivos medioambientales de la forma más eficiente posible.
Algunos miembros de la comisión son el expresidente de Red Eléctrica (REE) en los gobiernos de Zapatero, Luis Atienza; el exjefe de gabinete de Alberto Nadal cuando era secretario de Estado de Energía y actual vicesecretario general de Red Eléctrica, Ignacio Grangel, y el expresidente de la patronal Carbounión, Oscar Lapastora.
También están Francisco Javier Arana, quien fue subdirector General de Energía Nuclear durante la pasada legislatura; el director de Operación de REE, Miguel Duvison, así como Jorge Sanz Oliva, exdirector de Política Energética y Minas con el PSOE.
Asimismo, forman parte de la comisión Jorge Aragón Medina, economista y director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo y miembro del Consejo Económico y Social (Ces); José Luis de la Fuente O’Connor, responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola y profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Cristóbal José Gallego Castillo, miembro del Observatorio Crítico de la Energía, y Pedro Linares, investigador del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad.
Los otros cuatro miembros son Txetxu Sáenz de Ormijana, director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía (EVE); Josep Sala i Prat, empresario del sector de renovables; Diego Rodríguez, exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y Guillermo Ulacia, presidente de la patronal asturiana Femetal y presidente ejecutivo de Tubos Reunidos.
De estos 14 miembros, cuatro fueron elegidos por el Gobierno, siete por los grupos parlamentarios y tres por los agentes sociales (CCOO, UGT y CEOE).
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