El Gobierno plantea destinar el 50% de la subasta de renovables a ayudas por la descarbonización

Ribera y su equipo aún no tienen definidos plazos ni objetivos de instalación de renovables. No obstante, solo lograr el cumplimiento de las metas marcadas por Bruselas para 2030 obligará a instalar cerca de 40.000 nuevos megavatios -un 40% adicional sobre la capacidad actual del total del sistema-, según la Comisión de Expertos nombrada por el anterior Gobierno, con un coste que a día de hoy rondaría los 35.000 millones de euros. Estos megavatios van entrando con cuentagotas al sistema sin la necesidad de incentivos públicos, por lo que la voluntad del Ejecutivo es propiciar nuevas subastas que reduzcan la incertidumbre y aceleren la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, según ha podido conocer El Comercio.

Al mismo tiempo que pretende fomentar el uso de las renovables, la titular de Transición Ecológica planteará medidas sociales para compensar a los territorios mineros por el abandono del carbón. El 50% de las subastas y un aumento de la prima que reciben las térmicas por la disponibilidad son dos de las iniciativas que su departamento está estudiando para sustituir los tradicionales fondos mineros.

En una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas de su departamento, la ministra auguró que en 2020 cerrarán 7 de las 15 centrales de carbón que no han realizado las inversiones medioambientales obligatorias y condicionó la supervivencia de las otras ocho, que sí que han invertido para continuar funcionando.

Las centrales que no han invertido «no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar», expuso tras puntualizar que «los plazos vienen dados» por la propia Comisión Europea. Al hilo de ello, invitó a los grupos políticos a proponer medidas para «incentivar o facilitar el proceso de transición» para «modular» esta «salida de las centrales, antes o después».

Ribera reconoció que «no partimos de cero, tenemos una mochila a las espaldas», en alusión a los impactos que la transición tendrá sobre ciertos sectores económicos y ciudadanos. En este sentido, prometió una «transición justa» en la que «todos sean actores del cambio». En particular, las comarcas que dependen de uno o dos centros de producción que se vean afectados (como las centrales de carbón), a las que se destinarán inversiones.

Sobre el gas, Ribera hizo un llamamiento «a evaluar y ponderar» si las instalaciones actuales son suficientes o si hay que aumentar la capacidad. Siempre con una «extraordianria cautela» respecto a delirios de grandeza en el impulso o crecimiento de un recurso del que España carece y que «no tiene, a priori, una larga vida por delante».

Por otra parte, Ribera anunció que antes de fin de año remitirá a las Cortes un borrador de proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una norma que incluirá la obligación de que las empresas cotizadas presenten un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono de su actividad. Aunque la mayoría de las sociedades del Ibex proporcionan esta información en sus informes de sostenibilidad, no tienen la obligación. Ribera señaló que esos informes influirán en el diseño de sus estrategias de negocio y serán un reflejo de si están haciendo bien las cosas.

Otra medida de la futura ley será la publicación por parte del Banco de España de informes periódicos sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático. También establecerá la inclusión de criterios verdes obligatorios en la contratación pública y una reforma que avance en la fiscalidad ambiental en España.

Ribera anunció un primer paquete de medidas urgentes, de las que no dio muchos detalles. Entre ellas, una revisión del tratamiento a la cogeneración, la regulación del autoconsumo y un marco previsible y estable para los inversores. Se mostró partidaria de aprovechar el potencial del IDAE ( Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), que se ha limitado en los últimos años a expedir certificados.