El Gobierno pide el martes al Congreso su apoyo a las medidas de ayuda por el cierre de las minas de carbón

La norma de medidas urgentes formaliza el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 firmado el pasado octubre por el Gobierno con los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounión).

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones a partir de los 48 años cumplidos y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que también podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

El resto de decretos persiguen estimular el mercado de alquiler, subir las pensiones y sueldos de los funcionarios -incluido el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- o crear la futura autoridad macroprudencial que deberá evitar burbujas.

En el Pleno de la Cámara Baja intervendrán gran parte de los ministros buscando la convalidación de las normas. Los focos se centrarán, especialmente, sobre Unidos Podemos tras su amenaza de tratar de tumbar la reforma del alquiler al no recoger el real decreto los mecanismos para topar precios que negoció con el Gobierno, y porque ha puesto reparos a la norma sobre la subida de pensiones por recortar las prestaciones de incapacidad permanente.

Un 'no' del grupo confederal obligaría al Ejecutivo a tener que ganarse a PP y Ciudadanos, aunque sea con abstenciones, pero los populares ya han apuntado su rechazo a la ley del alquiler.

Se presume que la citada reforma en materia de vivienda encontrará, a priori, la votación más ajustada. Con la misma busca favorecer el alquiler y proteger a los inquilinos, a través de medidas como ampliar los plazos de los contratos de tres a cinco años si el arrendador es persona física y hasta siete si son empresas.

La norma limita además a dos mensualidades la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, mejora la coordinación de los servicios sociales y los tribunales en casos de desahucios para evitar desalojos antes encontrar alternativa habitacional a las familias, y da mayor poder a las comunidades de vecinos para que limiten el uso de pisos para actividades turísticas en sus edificios.

A la inversa, el decreto ley que, a priori, parece capaz de lograr uno de los mayores consensos es el relativo a la creación de la futura autoridad macroprudencial con la que España dará cumplimiento a un mandato cursado por Bruselas en 2013. Somos el único país europeo, junto con Italia, donde aún no se ha puesto en marcha.

Se trata de toda una macro estructura que se ocupará de identificar riesgos, monitorizarlos y tomar medidas, llegado el caso, para evitar la conformación de burbujas que desestabilicen al sistema financiero y, por derivada, perjudiquen a la economía.

La nueva autoridad, cuyo nombre responderá a las siglas Amcesfi, estarán presidida por la ministra de Economía, pero en su consejo de administración y resto de órganos de decisión contará también con los tres supervisores: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones.

Su misión será dar un seguimiento estrecho a la evolución de los riesgos y, si lo estima necesario, lanzar alarmas o aconsejar actuaciones, pero la aplicación final de cualquier medida correctiva recae en última instancia en los tres supervisores, que ganarán competencias y herramientas con la norma a debate en el Congreso para poder intervenir en las entidades.

En la maratoniana jornada del Pleno del Congreso que arranca a las 9.00 horas llegan también los reales decretos leyes que subirá la nómina a cinco millones de trabajadores por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 22,3%, desde 735,9 a 900 euros mensuales; y el incremento en la nómina de los funcionarios.

La retribución de los empleados del sector público aumentará, al menos, un 2,25 por ciento y a dicho porcentaje podría añadirse otra revalorización de hasta el 0,25 por ciento ligada a la evolución del PIB y un 0,25 por ciento adicional procedente de fondos adicionales.

Bajo esa revalorización, el mismo Pedro Sánchez cobrará 82.978,56 euros durante este año; por encima del último sueldo percibido por Mariano Rajoy en 2018 y que ascendió a 80.953,08 euros.

Otro de los decretos leyes que se someterán a votación es el relativo a la revalorización de las pensiones. La norma incorpora la actualización al 1,6 por ciento de las pensiones, la subida para las mínimas y no contributivas del tres por ciento y da cobertura a la elevación en cuatro puntos del tipo aplicable a la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad, del 56 al 60 por ciento.

Una medida para la que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 reserva 153.864 millones de euros, cuantía un 6,2 por ciento superior a la del año pasado y que supone la mayor cifra de la historia para pensiones.

El alza del 1,6 por ciento se ejecuta el pacto alcanzado entre el anterior Gobierno del PP y PNV, que no deberían votar en contra, pero sí es factible la anunciada abstención de Unidos Podemos por su disconformidad con la reducción de la percepción en las pensiones por incapacidad permanente total por variaciones en la fórmula de cálculo.

El Pleno del Congreso votará también un real decreto ley con diversas medidas en materia tributaria y catastral, entre las que destaca la extensión a los funcionarios de la exención fiscal a los permisos de maternidad y paternidad; y a la organización de la final de la UEFA Champions League 2019, que albergará el estadio Wanda Metropolitano de Madrid y los partidos de la Eurocopa de fútbol 2020 que se celebren en Bilbao.

Dicho texto también contempla medidas relativas al IVA y al régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para afectarlas al desarrollo de las dos competiciones.