El Gobierno destina 158 millones a restauración de minas y 134 para apoyar a los municipios afectados

Así lo explicaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que indicaron que dicho plan urgente forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobará mañana el Consejo de Ministros junto a la Ley de Cambio climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Dentro de este plan urgente, un montante de 158 millones se destinará al plan de restauración de las minas y al plan de eficiencia y energías renovables con los que se persigue mantener el empleo en los territorios afectados. Su vigencia es de cinco años.

Otros 134 millones procederán de los fondos Miner no utilizados para dar apoyo a los municipios afectados. En este caso, la vigencia de estas ayudas es también de cinco años.

Por otra parte, el Ministerio contempla destinar otros 130 millones a convenios de transición justa para todos estos territorios, planes que tendrán una vigencia de tres años.

Más allá de estos programas urgentes, la Estrategia de Transición Justa tratará de aplicar medidas para que la transición energética tenga buenos resultados de cara al empleo, ya que en el departamento dirigido por Teresa Ribera se tiene claro que, sin estos buenos resultados para el empleo, dicha transición no funcionaría para España.

De hecho, el Ejecutivo contempla que dicho proceso de transición ecológica permitirá la creación de 300.000 empleos a lo largo del periodo. Por ello, el plan se coordinará con los ministerios de Industria, de Trabajo y de Economía.

La estrategia se centrará en el Empleo industrial y en cómo generar empleo en zonas rurales, a través del impulso del trabajo con biogás o biomasa, además del impulso de la actividad turística y forestal.

Por otro lado, la estrategia contempla medidas de apoyo a otros sectores industriales que se pueden ver afectados por el proceso de transición ecológica como el del automóvil, la industria electrointtensiva o la cogeneración.

Asimismo, contemplará medidas orientadas a políticas activas de empleo y de formación profesional para poder ofrecer posibilidades a los desempleados de estos territorios en los sectores de las energías renovables.

También se plantea la revisión de todas las herramientas de apoyo a las empresas, particularmente las pymes, para que dichas ayudas puedan acompasarse mejor a los objetivos del plan o a cualquier política medioambiental.

Por último, la estrategia establecerá su revisión cada cinco años, analizando especialmente el impacto en el empleo de las medidas aplicadas para ver si se producen tensiones y si pueden ser evitadas. También determinará si existen territorios que pueden recibir convenios específicos de transición como los que se aplicarán ahora a las minas de carbón.