El Gobierno abre a consulta pública el Plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre

Para este Ministerio, permitirá dotar de mayor flexibilidad al proceso de restauración, en el que se priorizará la contratación de los trabajadores excedentes de la minería, personas en situación de baja incentivada con edad y capacidad para reincorporarse al mercado laboral que desempeñaban su labor en las centrales de carbón.

A través de esta consulta pública previa, el Instituto para la Transición Justa quiere conocer la opinión de la ciudadanía, así como reunir iniciativas y buenas prácticas para valorarlas de cara a la elaboración de la normativa en la que trabaja actualmente para la concesión de ayudas directas a las comunidades autónomas que tengan en su territorio zonas degradadas o espacios afectados por la actividad minera.

La concesión directa de las ayudas está motivada por el carácter e interés público de los proyectos de restauración para estas zonas y por el destino de estas ayudas, dirigidas a las comunidades autónomas con explotaciones en situación concursal o de liquidación, detalla en un comunicado.

A ello, une el interés público, económico y eminentemente social derivado de la necesidad de recuperar espacios públicos degradados y de potenciar la reorientación económica de las zonas en transición energética desde una política de desarrollo económico alternativo que no es posible cuando estos entornos están contaminados o degradados.

Los cierres de minas de carbón que se produjeron en el año 2018 han dejado numerosos activos ambientales sin restaurar debido a que las empresas propietarias estaban, en ese momento, en concurso de acreedores o en liquidación, señala.

Como recuerda, esta situación ha provocado que los trabajadores excedentes de la minería no hayan podido incorporarse a esas tareas de restauración, actividad llamada a mitigar en el corto plazo el impacto de los cierres sobre el empleo.

Por último, afirma que la restauración de minas en cierre tiene como objetivo mantener la seguridad de las explotaciones abandonadas, garantizar que la inactividad no tenga efectos añadidos sobre el medio ambiente y recuperar el paisaje en el caso de las explotaciones a cielo abierto.