Frente común de las regiones mineras para exigir a la UE más fondos del Pacto Verde

Los territorios afectados por el fin del carbón cerraron filas para reclamar a la Comisión Europea un reparto de recursos económicos más justo. Hicieron suya la crítica de Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, quien el pasado jueves reconoció que los recursos previstos por el Pacto Verde eran insuficientes. Según la propuesta de Bruselas, España recibiría el 4% de los 7.500 millones de euros que integran el Fondo de Transición Justa, es decir, 307 (aunque podrían ampliarse hasta los 4.400 millones con las aportaciones de los países y las líneas de crédito).

El descontento tras conocer esta previsión fue la tónica en las tres comunidades más afectadas por la descarbonización -Asturias, Castilla y León y Aragón-, aunque algunos representantes públicos se expresaron con más contundencia que otros.

En el caso del Principado, el consejero de Industria, Enrique Fernández, fue más prudente en un primer momento, al insistir en la importancia de los proyectos que se presentarán a la Comisión Europea frente a las asignaciones y al destacar que Asturias está «bien posicionada». Pero, tras la intervención de Ribera, reconoció que «tienen que venir a España más fondos porque las necesidades de este país son mayores y porque el trabajo y compromiso que se ha hecho es también mayor». Asimismo, Fernández subrayó que «existe un contacto permanente y fluido» con una ministra que «ha comprendido completamente» la situación de Asturias.

Le respondió la portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, que instó al consejero a dejarse de «ocurrencias» y a «aclararse» con Ribera. «El Gobierno tiene que manifestarse y, si España se sitúa en la cola de lo que van a recibir el resto de países, tiene que trabajar y pelear para que no sea así», defendió, al tiempo que criticó al presidente asturiano, Adrián Barbón, por «avalar» el cierre de las minas y de las térmicas.

También Ciudadanos apuntó que el Gobierno central «debe exigir que los deberes hechos sean recompensados y no penalizados», en palabras de la diputada autonómica Susana Fernández. En concreto, se refirió al «esfuerzo de Asturias», que puso punto final a la minería de carbón y donde está anunciado el desmantelamiento de varias térmicas. Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Gil, apuntó que los fondos deberían repartirse entre los países «comprometidos con el objetivo de neutralidad climática en 2050» -algo que no ha hecho Polonia, el estado más beneficiado, con 2.000 millones-. Además, abogó por que el desempleo sea uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de asignar recursos. «En Asturias, por nuestra tradición minera e industrial, hemos sufrido una grave pérdida de puestos de trabajo que es necesario paliar», añadió. Asimismo, la portavoz de IU, Ángela Vallina, exigió a Ribera «que, antes de dar cualquier paso, tenga muy en cuenta las consecuencias para Asturias y para otros territorios que se vean afectados. No caben experimentos».

«El reparto del fondo de la Comisión Europea destapa el embuste socialista y su falta de respaldo a la descarbonización que oculta el empobrecimiento, la destrucción del empleo y la desertización de Asturias», señaló, por su parte, el diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca. Además, acusó a Ribera de «urdir» una transición injusta contra las comarcas mineras y ahora «la trampa rescampla». También se manifestó crítico con la gestión de la ministra el portavoz de Vox. «Ser los primeros en cerrar minas, térmicas e industrias sin soluciones para los despedidos es el gran mérito de PSOE y la gran desgracia para todos los afectados asturianos», indicó Ignacio Blanco.

El presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de España (Acom) y alcalde de Villablino, el socialista Mario Rivas, recalcó que «sería importante la inclusión de indicadores de empleo que midieran la pérdida de empleo relativo en las zonas donde ya se ha comenzado prematuramente el proceso de transición y donde no se ha producido reconversión alguna, como es el caso de las cuencas mineras en España».

Una consideración que compartió el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, para quien la Comisión Europea «debería tener en cuenta que regiones como Asturias ya han venido sufriendo un impacto intenso por haber tenido que afrontar antes esta transición, lo que no se considera tomando únicamente los últimos resultados disponibles para cada indicador, como se está planteando». Así las cosas, «es necesario mejorar los criterios de reparto, puesto que con la propuesta que hemos conocido nuestra región puede verse perjudicada frente a otras de similar perfil que pueden competir en la captación de proyectos», subrayó Feito.

Por parte del Gobierno de Aragón, el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, calificó de «tremendamente injusta» la partida propuesta para España por la CE, que ha causado «desasosiego» en las cuencas mineras de Teruel. «Para repartir miserias, que no tarde tanto tiempo en decidirse», añadió. También hubo quejas en Castilla y León, aunque no por parte de su Gobierno, sino de los alcaldes de las comarcas afectadas, como el de Páramo del Sil, Ángel Calvo, que achacó al «precipitado e innecesario cierre del carbón y las térmicas» la escasa partida asignada.