El caso del fraude a las ayudas del carbón se archiva para cinco mineras y queda abierto para la Vasco

Lo hace atendiendo los argumentos del Ministerio Fiscal que, conforme al informe del de 13 de noviembre de 2017, firmado por el Inspector Regional de la Agencia Tributaria, concluye que no existen indicios de responsabilidad criminal en las empresas Uminsa, Coto Minero Cantábrico, Alto Bierzo, Hijos de Baldomero García y Carbones Arlanza.

De ahí que no existan posibilidades o líneas de investigación abiertas en este momento procesal. Por tanto, continúa, aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que entiende que procede que se decrete el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Una decisión contra la que cabe recurso en el plazo de 10 días. En cualquier caso, el juzgado mantiene abierta la causa contra la Hullera Vasco Leonesa, de la que no se ha pronunciado en el auto de este viernes.

El Juzgado de Instrucción nº5 de Ponferrada inició la investigación sobre los posibles hechos delictivos en julio de 2013, ante las denuncias formuladas por el Ministerio Fiscal donde acusaba de un presunto delito de fraude de subvenciones.

Presuntamente, las minerías estaban siendo investigadas por haber obtenido las subvenciones o ayudas de las administraciones públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando aquellas que hubiesen impedido recibir tales ayudas.

Los hechos están vinculados a las cantidades recibidas por subvenciones del Ministerio de Industria, gestionadas por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, durante los años 2007 a 2012, ambos inclusive.

Las oficinas de Hullera Vasco Leonesa fueron en julio de 2016 objeto de registro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil durante más de tres horas.

Durante el registro los efectivos de la Agencia Tributaria, junto con especialistas informáticos de este mismo cuerpo y acompañados por miembros de la Unidad Judicial de Delitos Económicos y de la UCO, han procedido a la incautación de diverso material de oficina.