Fernández Villa, sociedad ilimitada

A Rodiezmo acudieron algunos simpatizantes de Areces, que abuchearon a Villa y que fueron acallados por los miles de seguidores del líder sindical. Eran los últimos momentos del poder omnímodo de Villa, pero aún mandaba. Y mucho. A José Luis Rodríguez Zapatero, aún casi imberbe en política y recién elegido casi por sorpresa secretario general de los socialistas (los seguidores de Villa vendieron insistentemente, rayando en lo cansino, que su apoyo había sido esencial para que el joven diputado leonés se impusiera a Bono) el conflicto parecía pillarle por sorpresa, aunque en realidad no era así. Puso su habitual sonrisa y lo dejó pasar.

Era la cumbre del poder de Villa. Presidentes que tenían que plegarse a sus sugerencias. La omnipresente Caja de Asturias, dirigida por la persona que él había designado para ello. Los hilos del inminente congreso regional (se celebraría dos meses después, en noviembre) moviéndose para volver a dejar al presidente del Principado en fuera de juego, lo que logró, por poco, pero imponiendo a su candidato, Javier Fernández.

Villa había logrado que el sector de la minería del carbón en Asturias perviviese mucho más allá de lo que se esperaba. Perló de millones las cuencas del Caudal y el Nalón con los Fondos Mineros que pactó en 1997 con el Gobierno de Aznar, en el que Francisco Álvarez-Cascos era uno de los pesos pesados. Pero esos fondos, pensados para redefinir la estructura productiva de unas cuencas en recesión clara no sirvieron para ese fin. Se construyeron polígonos sin un plan industrial claro. Se lavó la cara de las fachadas de los poblados mineros. Se hicieron numerosas obras que no suponían una ventaja competitiva para una región que necesitaba como el aire una revolución industrial para entrar en el siglo XXI en una posición de ventaja real y no de cultura de la subvención.

Pero se mantuvieron, así, determinados clientelismos. Villa hacía números. Lo corto de la victoria de los suyos en el congreso de la FSA de noviembre de 2000 fue un aviso, y la progresiva reducción del peso de la minería en la región era imparable. Él la trataba de ralentizar, sabedor de que existía un límite inferior de empleos en la mina y los sectores dependientes de ella que, de superarse a la baja, marcaría el fin de su reinado.

Porque fue un reinado. Casi un imperio. Villa se hizo con el mando del SOMA en 1979. Aquel joven ‘Josiángel’ de 37 años había pasado por un sindicalismo muy ideologizado y bastante clandestino, que alimentó un victimismo inherente a determinados territorios que él supo utilizar siempre a su favor. Cuando accedió a la secretaría general, Hunosa era de lejos la empresa con más trabajadores de Asturias y la minería privada también tenía un peso importante. Aún así, y rozando la producción del 15% del carbón que se consumía en España (la mayor parte del mineral venía, como ahora, del extranjero) era evidente que era un sector con un final ya determinado.

Villa se aplicó a dos labores. Una, consciente de que el peso que le otorgaba la altísima afiliación de mineros le daba las llaves del PSOE asturiano, comenzó a extender sus tentáculos en las principales agrupaciones socialistas. Dominó pronto las de las cuencas, y también entró con facilidad en Gijón. Ello le abrió las puertas de la de Oviedo y, con ello, el dominio del partido. Presidentes sucesivos debieron sus cargos a la aquiescencia o a la determinación directa de Villa. De Silva y Rodríguez Vigil, sin duda. Trevín no fue acomodaticio cuando tuvo que suceder a Vigil tras el escándalo del Petromocho, destapado por este periódico, y apenas duró el final de una legislatura. Pero el partido era suyo. De Villa. Del tigre de Tuilla.

La otra labor vino dada con el liderazgo político y sindical. Poco a poco, a base de ganar congresos a la búlgara, la psiqué del pequeño Villa se fue llenando de ínfulas de grandeza. En la Casa del Pueblo de Mieres, por poner un ejemplo, los congresos del sindicato y los del partido se ganaban ya a la puerta, cuando la presencia de la guardia de corps del secretario general, era tan mayoritaria, tan palpable, tan sutilmente agresiva, que a los dudosos les solían quedar sólo dos opciones: o volver a casa sin votar, o plegarse a la mayoría. Porque Villa sabía quién votaba qué.

Famosa es la escena de un congreso en la que un delegado sindical, liberado del trabajo de la mina desde hacía años, se ‘equivocó’ en una o dos votaciones menores. Se escuchó la voz de Villa, que, con tono bajo pero bien audible, le dijo: «Chaval, como vuelvas a equivocarte, vuelves a la mina». El mensaje estaba claro. Ni él ni ninguno de los liberados volvió a equivocarse. Cobrar sueldos de picador sin bajar a la galería era demasiado goloso.

Y Villa era cada vez más consciente de ese poder. Él y su camarilla de fieles habían hecho del SOMA una entidad diferente: Villa S. A. Una sociedad de poder absoluto en la región y en la que el liderazgo del secretario general era incontestable. Ello también generó en ellos el sentimiento de que el sindicato les pertenecía. Los liberados de menor rango estaban contentos con no tener que sudar sus retribuciones, y se convertían en soldados fieles que no reclamaban sus dietas si tenían que acudir a algún consejo de administración. De Hunosa, por ejemplo.

La camarilla más íntima de Villa se repartía cargos políticos, en empresas y hacía carrera en el sector público. Muchos fueron los diputados regionales cuyo mayor mérito para llegar al Parlamento regional era el activismo sindical y la incondicional fidelidad a Villa. Y en el sindicato se extendió la sensación de que todo era poco para agasajar al líder.

Él mismo lo sentía así. Disponía de los fondos del SOMA como si fuesen propios (este periódico publicó en marzo las pruebas documentales de que el sindicato abonó durante muchos años hasta los gastos más nimios a Villa. Desde una docena de huevos hasta un todoterreno Mitsubishi Montero que el sindicato regaló a su líder. Porque todo era poco para él. Para el campeón de los indiscutibles derechos de los trabajadores de la mina. Para el hombre que presumía de hacer cuadrarse en Madrid incluso a ministros, bajo la amenaza de llevar a Asturias a una huelga minera o con regalos y agasajos como colonias, puros y otros artículos de lujo que, por supuesto, abonaba directamente el sindicato).

Poco a poco, esa forma de operar se fue convirtiendo en un hábito. Los contables del sindicato recibían la orden del entorno de Villa y nada se cuestionaba. La orden venía de arriba, del emperador. Había que cuadrar las cuentas del sindicato como fuera.

El propio José Ángel tomó conciencia de ese poder. Sabía que ya no había político alguno en la región que se atreviese a ponerle en solfa o a cuestionarle con cierta entidad. Y comenzó a creerse intocable, a pensar que podía ir un poco más allá de lo permitido. Que, en un remedo autonómico del Rey Sol, podía decir sin temores que ‘Asturias soy yo’. Y tuvo tiempo para serlo. Mucho tiempo, porque una estructura de poder como la del SOMA de finales del siglo XX y principios del XXI no se desmonta en una tarde.

Ese poder se extendió al consejo de administración de Hunosa, cuya presidencia estaba habitualmente en manos de personas designadas por el PSOE. Por Villa, en el fondo. Las generosas dietas por asistencia a las reuniones del consejo, que a otros sindicatos se les abonaban por transferencia bancaria, se las llevaba Villa en mano, según figura en la instrucción del proceso que ahora se sigue contra él por la denuncia de la actual dirección del sindicato.

Villa siguió operando así, como si el sindicato fuera su cortijo, durante años. Y colocó a uno de sus más fieles lugartenientes, el andaluz José Antonio Postigo, en la presidencia del Montepío de la Minería, mutualidad con más de 10.000 socios absolutamente dominada por el SOMA. Allí, todo apunta a que el avispado Postigo vio la oportunidad de hacer mucho dinero. Se propuso la construcción de un gran geriátrico en Felechosa. La idea era buena. Los mineros envejecían y el Montepío miraba por su bienestar, por una tercera edad activa y saludable. Se vendió por sí misma al Gobierno regional y al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras y, aunque fue necesario modificar alguna que otra norma para permitir que fuera un proyecto subvencionable, al final se hizo.

En manos de Postigo y sus colaboradores estuvo también la decisión sobre quién sería el encargado de ejecutar el proyecto. Había ofertas más baratas, mucho más, y que prometían la misma obra en medio año menos de plazo, pero el comité pergeñado por Postigo decidió, convenientemente, que la empresa Alcedo de los Caballeros, propiedad de un amigo del malagueño presidente del Montepío, se hiciese con el contrato. Fueron 27,7 millones de euros que se fueron inflando hasta los 32,5. No solo crecía el importe, sino que, cuando la nueva presidencia del Montepío, una vez que Postigo dejó el cargo, pidió informes sobre la obra, se encontró que no sólo no se había construido todo lo prometido, sino que lo ejecutado se había hecho con calidades inferiores.

Con la obra finalizada y el Montepío lidiando con 15 millones de euros en deudas, Postigo se fue de la mutualidad. Villa también dejó la secretaría general del SOMA. Los dos casi a la vez. El primero, Villa, en septiembre de 2013. Postigo, en junio de 2014.

Tal vez midió mal el momento de marcharse; o puede que se viera obligado bien por su mala salud, bien porque se había acogido a la amnistía fiscal que el año anterior abrió el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El caso es que cuando al año siguiente trascendió que el antaño todopoderoso Villa había lavado fiscalmente una fortuna oculta de 1,2 millones de euros, reventó el escándalo.

José Luis Alperi, nuevo secretario general del SOMA desde hacía solo 13 meses se vio en la durísima tesitura de reunir a la plana mayor del sindicato, aún con abundancia de fieles al anterior líder, y explicarles que aquello era un escándalo que se podía llevar por delante a la central sindical. Que había que tomar distancia del que en ese momento todos descubrían como presunto delincuente, a pesar de que en el sindicato siempre se había sabido que el control de los dineros pasaba, en el fondo, por «lo que diga Villa».

Al SOMA le facilitó las cosas la inmediata reacción del presidente del Principado y secretario general de la FSA, Javier Fernández. Éste nunca negó su cercanía personal y política con Villa. De hecho, el pasado viernes lo volvió a admitir en sede parlamentaria. Pero bien por sentirse obligado por las circunstancias, le defenestró con efecto inmediato del PSOE. «Expulsión fulminante», fueron las palabras que utilizó Javier Fernández cuando tuvo que determinar la actuación de la FSA contra quien le había situado al frente del

partido catorce años antes. En el SOMA lo que se decidió fue abrir un expediente de expulsión que, con los ritmos sindicales, también devino en una expulsión algo más tardía, con la que muchos se sintieron huérfanos.

¿Qué había pasado? José Ángel Fernández Villa, por las consideraciones que fuesen, había dado un insospechado paso en falso. La amnistía fiscal la había abierto Montoro para que los ciudadanos o empresas que tuviesen ingresos no declarados a Hacienda –y esto es importante– pero de origen legítimo los regularizasen ante la Agencia Tributaria pagando la sanción correspondiente. Pero a nadie se le escapaba que el minero hijo de Hermógenes, pese a todas sus retribuciones legales –que no eran ni son pocas– tenía muy complicado haber reunido dinero líquido no declarado por importe de 1,2 millones de euros. Todo apuntaba tan claramente a un orígen delictivo que Javier Fernández le fulminó políticamente y la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de forma inmediata.

En los siguientes meses, la pregunta ‘¿cuál es el origen de la fortuna oculta de Villa?’ se convirtió en un leit motiv en la escena política y sindical asturiana. Y se convirtió en dos casos cuando el SOMA, tras expulsarle, presentó sus conclusiones en sede judicial. Villa se había llevado más de 434.000 euros de la tesorería del sindicato de una u otra forma, y eso sólo en el periodo en que el presunto delito no pudiese estar prescrito. La consiguiente denuncia se sustanció en un proceso judicial que instruye la jueza Simonet Quelle Coto y que ya ha dado para escenas que hace solo unos años habrían parecido ciencia ficción en Asturias.

José Ángel Fernández Villa amparándose en un deterioro cognitivo para no hacer frente a sus responsabilidades. Urdiendo, de acuerdo con su abogada, Ana García Boto (otra experta en estrategia y con un dominio de la escena pública de un nivel similar al de su cliente) todo tipo de argucias para retrasar la comparecencia ante la jueza. Y, cuando finalmente no se pudo retrasar más, el tigre de Tuílla declaró ante la magistrada, a la pregunta de Boto de si había «pretendido escribir sus memorias», que «no es que pretendía, es que estoy en ello, aunque no estoy en las mejores condiciones para terminar el libro».

Pero aunque el caso del SOMA contra Villa estaba en marcha, aún quedaba mucho por explicar. Suponiendo que los 434.000 euros que le reclamaba el sindicato hubieran ido todos ellos a formar parte de los 1,2 millones regularizados en la amnistía, algo más que dudoso, aún quedaría por explicar el origen de al menos 766.000 euros. No era cosa menor. Anticorrupción seguía con sus indagaciones, y así fue hasta esta semana, cuando la ‘operación Hulla’ se convirtió en una redada simultánea en los domicilios de Villa, y Postigo, la nave del constructor del geriátrico, la oficina del exasesor fiscal del Montepío y la del arquitecto que avaló el proyecto presentado por Alcedo de los Caballeros.

Fueron horas en las que los 800.000 folios que componían ya la documentación que obra en manos de la Fiscalía Anticorrupción se acercaron al millón. Un millón de folios en los que es plausible que esté la explicación de la parte del león de lo regularizado por Villa, los 360.000 euros regularizados por su lugarteniente Postigo y puede que hasta los 60.000 que una de las hijas de éste, Patricia, también sometió a la amnistía de Montoro.

Pero quedan algunas pregunta fundamental, que sobrevuelan todas las conversaciones sobre el tema. ¿Es concebible que Villa sólo regularizase parte de su dinero, o lo que le quedase en alguna cuenta en concreto? ¿Podría ser que hubiese más dinero oculto procedente de otras operaciones? ¿Tal vez en obras que se hicieron en el balneario de Ledesma por 4,5 millones de euros bajo el mandato de Postigo? ¿A cuánto podría ascender ese dinero oculto, de existir, teniendo en cuenta que los fiscales anticorrupción pidieron a la jueza Begoña Fernández cárcel para los detenidos eludible mediante fianzas de nada menos que un millón de euros en el caso de Postigo y del constructor?

Y una última. José Ángel Fernández Villa tenía, al final del siglo XX, un lugar reservado en el panteón del socialismo y el sindicalismo. Era un mito en vida que hoy, por 1,2 millones o lo que finalmente sea, ha perdido todo su antiguo esplendor.