Euracom agradece al Parlamento Europeo que tengan en cuenta sus consideraciones para diseñar una normativa «más justa»

Una delegación de alcaldes españoles integrados Euracom, entre los que se encontraban, el presidente de Acom y alcalde de Villablino, Mario Rivas, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y el alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, se reunieron en Bruselas el pasado mes de febrero para poner en conocimiento del Comité Económico y Social Europeo, Cese, y del Parlamento Europeo sus alegaciones al borrador del Reglamento que regulará el funcionamiento del futuro Fondo de Transición Justa.

En el Plenario del Cese, la presidenta de Euracom, Ana Luisa Durán, explicó las circunstancias de abandono de la actividad minera a la que se han sometido los municipios mineros españoles «sin compensación alguna, lastrando sus posibilidades de recuperación», mientras que Mario Rivas transmitió la «necesidad de adaptar la normativa relativa al reparto de las ayudas europeas a la transición al contexto de las comarcas mineras en España para que los fondos europeos lleguen en condiciones de igualdad de oportunidades a todos los territorios mineros españoles».

Asimismo, los alcaldes españoles se reunieron también con los eurodiputados nacionales Jonás Fernández, Ibán García y Esteban González Pons para trasladarles sus propuestas de alegaciones al borrador del Reglamento europeo por el que se pondrá en marcha el Fondo de Transición Justa, dotado con 7.500 millones de euros.

Entre las alegaciones figuraban considerar un ámbito temporal elegible más flexible que reconozca los procesos de transición experimentados en las comarcas con anterioridad a 2020, incluir indicadores socioeconómicos para medir el esfuerzo en descarbonización, facilitar una discriminación positiva en la captación de inversión, establecer criterios objetivos y transparentes en el sistema de reparto del Fondo de Transición justa que incluya un mecanismo de reparto equilibrado a los países miembros y desde los países a los territorios afectados, poner en marcha un observatorio estadístico para la evaluación de la transición en cada Estado Miembro e incluir como acciones objeto de inversión y ayuda la creación y el impulso de servicios sociales y de atención a la dependencia como sector de impacto estratégico para el desarrollo social y económico en las comarcas mineras.