España quema el mismo carbón que en 2011 gracias a la importación y produce menos de la mitad

A partir del 31 de diciembre únicamente podrán seguir las explotaciones que sean rentables, pero además, no solo deben ser capaces de operar sin subvenciones, sino que aquellas que continúen tienen que devolver las millonarias ayudas que han recibido vinculadas a sus planes de cierre.

Se trata de la cuadratura del círculo, prácticamente imposible de llevar a cabo. Más, sin voluntad política, carente en el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que recortó los fondos al sector ya comprometidos, mientras que en el caso del Ejecutivo de Pedro Sánchez se habla de «solidaridad» con las comarcas mineras, pero no del mantenimiento de las explotaciones.

La minería en León es solo un espejismo de lo que fue, un motor económico y laboral que empleaba a decenas de miles de personas y que, reconversión tras reconversión, se ha ido desmantelando hasta su agonía actual.

Atrás quedaron los 5.825 que empleaba el sector de la minería en España. En 2015 apenas eran 3.324 los trabajadores que estaban incluidos en el Régimen Especial de la Minería, lo que representan un descenso de cerca el 43% de los trabajadores. En la actualidad, en el régimen especial de minería hay inscritos 336 personas en la provincia.

Mismo comportamiento el de la extracción del carbón. Si en 2011 las mineras de León producían por encima del 1,8 millón de toneladas de carbón, al cierre del 2015 la producción apenas superó las 360.000 toneladas y el descenso ha sido continuado hasta la actualidad.

Mucho se habla de los Acuerdos de París, de reducir las emisiones o de frenar el cambio climático, pero lo cierto es que en España se quemó el mismo carbón en 2017 que en 2011. Según baraja la patronal Carbunión, el total del mineral térmico, entre el autóctono y el importado, que se consumió en España el año pasado fue de 20 millones de toneladas, la misma cantidad que seis años antes, aunque en distintas proporciones.

Entonces, el 43% era carbón nacional, mientras que el pasado año solo lo fue el 14%. El resto importado, más contaminante, aunque solo sea por las emisiones producidas por su transporte desde Colombia, Indonesia, Rusia o Sudáfrica, entre otros países.

En 2010, la Decisión del Consejo firmó una pena de muerte anunciada para el sector, pero la aplicación de la normativa ha sido la que realmente ha puesto la puntilla a la minería. Las ayudas incluidas en el Marco de Actuación 2013-2018, rubricadas por sindicatos, patronal y Gobierno, fueron en la realidad muy inferiores a las firmadas por los recortes impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Además, tampoco se cumplió el compromiso de mantener el 7,5% de carbón autóctono en el 'mix' energético, un porcentaje que ronda el 2%. «La situación es catastrófica en la parte privada», afirma el secretario general de Industria de CC OO, Damián Manzano, que asegura que «no se puede perder más tiempo para dar una solución al sector y a los trabajadores» y que es muy crítico con el Ejecutivo anterior, por no cumplir los compromisos que él mismo firmó, pero también con el de Pedro Sánchez, al que acusa de solo plantear compensaciones para el cierre.

De hecho, Manzano carga contra «el conjunto de fuerzas políticas», a las que acusa de «usar demagógicamente» a los mineros y sus comarcas. También censura a los partidos en Asturias, a los que acusa de «defender de boquilla» al sector y «tener nula capacidad de incidencia» en Madrid.

Por su parte, el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, quiere mantener la esperanza de que «con voluntad política, diálogo y consenso para abordar el proceso» se pueda salvar al sector y se mantenga una parte de carbón nacional, dado que se trata de la única fuente fósil de energía con carácter autóctono.

«No vamos a reclamar una presencia residual del carbón autóctono», advierte, sino un porcentaje suficiente para mantener la seguridad de suministro y fijar un precio de la energía competitivo, mientras se trabaja además en técnicas para reducir las emisiones o almacenar el CO2. «Si hay voluntad política para mantenerlo, se puede hacer», insiste, y recuerda que países europeos como Alemania o Polonia van a continuar con la extracción de carbón nacional.