Los acusados podrán no asistir al juicio tras su declaración y el acta de 2009 «no está disponible», según la concursal

La sorpresa la ha dado en esta jornada la jueza al mantener que: «Cuando todos los acusados hayan prestado declaración podrán ausentarse, y desde el inicio de las conclusiones hasta su última palabra también deberán estar presentes». Con estas palabras la jueza del caso de los seis mineros muertos en el pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa ha acordado que los 16 acusados podrán no estar presentes a lo largo de las diferentes sesiones del juicio.

Una petición de los abogados de los diferentes acusados que han solicitado este lunes que sus representados pudieran «ausentarse de la sala después de declarar, hasta llegar a la fase de conclusiones que se comprometen a estar presentes y en su última palabra».

El motivo de esta ausencia ha sido variado dependiendo de los letrados, en su mayoría han reflejado el «trastorno económico» que supone para ellos el desplazarse a León para las sesiones. En otro de lo casos, han remarcado «el escarnio público al que quiere someter a los acusados en un juicio ya de por sí mediático».

Uno de los abogados de la defensa ha solicitado en esta jornada de cuestiones previas el libro de actas de la sociedad, donde se pide un acta concreta que «ha tenido que ser custodiada y es fácilmente accesible». Miranda, el abogado que inició esta solicitud, aseguró que «el consejo aportó la organización de toda la sociedad hasta el cese, ahí distribuía las funciones técnicas y administrativas, y dentro de la función técnica está la seguridad de los trabajadores de la empresa».

Por ello, defiende que esa acta «es importante porque la acusación se basa en la inexistencia de esa organización» en la empresa en el momento del accidente. Por todo ello, «si no aparece antes del inicio del acta del 30 de abril de 2009, solicitamos la suspensión del juicio por atentar al derecho de defensa».

Otro de los abogados remarcó que «presentar un acta es algo muy sencillo y debe estar antes del interrogatorio de lo acusados» recordando que se lleva pidiendo dos años.

En este sentido, tanto Fiscalía como los abogados de la acusación han recordado que «hay otras pruebas en el proceso que reflejan lo mismo, no es una prueba sustancial y mucho menos una prueba que justifique la suspensión del procedimiento».

En estos mismos términos se han manifestado otros de los abogados, que han recordado que hay suficientes testigos y pruebas presentadas en todo el procedimiento como para que esa acta no sea necesaria.

Algunos han pedido el inicio del juicio y en caso de que el acta solicitada aparezca a lo largo de los dos meses de proceso «se pueda repetir el interrogatorio de los acusados implicados con esa acta».

El 5 de abril de 2022 se accedió por oficio y se pidió el acta y otra documental que pudiera ser interesante en el caso. Según la información facilitada por la jueza en esta primera sesión, el 27 de septiembre se atendió el requerimiento asegurando que se había aportado y que no se disponía de más documental.

El de 14 de diciembre de 2022 se reitera el requerimiento y finalmente estimado el 24 de enero del 2023 cuando la empresa concursal dice que «no dispone de ese documento».

La jueza del caso considera que «no procede un cuarto requerimiento, ya se ha pedido este acta y no hay otra documental», por lo que la empresa responderá de la misma manera que en la ocasión anterior. Además entiende que «no se ha vulnerado el derecho de defensa».

Entre otros aspectos más destacados la jueza también ha admitido que una de las testigos del caso no acuda a declarar debido a su estado de salud y sus 90 años de edad. Manuela es la madre de uno de los fallecidos y en su lugar acudirá su hijo.