Ecologistas en Acción pide prohibir la minería en todas las zonas protegidas de España

El borrador de la iniciativa, presentado este martes por Elena Solís y Santiago Martín Barajas, portavoces de Ecologistas en Acción, ha sido enviado a los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y para la Transición Ecológica, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Los ecologistas indicaron que la actual Ley de Minas es «preconstitucional y muy probablemente también inconstitucional», puesto que fue fruto de la época en la que se aprobó y estuvo promovida por empresas extractivas, con lo que el texto «favorece la especulación con las concesiones y autorizaciones», y «no tiene en cuenta ni el medio ambiente ni los derechos más básicos de las personas».

Por ello, la propuesta de reforma legislativa tiene como objetivo principal que se tengan en cuenta los aspectos medioambientales y sociales en todo lo relacionado con la actividad minera.

Ecologistas en Acción indicó que en los últimos años se ha producido un resurgir de la actividad minera en España, favorecido por «procesos de especulación financiera» y ligado también a la subida en el precio de los metales.

Así, algunas comunidades autónomas han sacado a concurso nuevos permisos de explotación minera que amenazan con la destrucción de decenas de miles de hectáreas de gran valor natural, más aún cuando la mayor parte de las nuevas minas se pretenden abrir a cielo abierto debido al abaratamiento de los movimientos de tierras, según Ecologistas en Acción.

Por ello, el borrador de proposición de ley indica que deben excluirse de la actividad minera los lugares de la red Natura 2000 y los que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas.

Asimismo, también excluye del ámbito de la ley el agua mineral embotellada, que pasa a ser dominio público hidráulico y no puede tratarse como un recurso minero. Ecologistas en Acción recordó que el acceso al agua potable es un derecho humano establecido como tal por la ONU.

La concesión de la explotación minera se reduciría de 30 a 10 años, lo que podrá prorrogarse como máximo dos periodos de cinco años cada uno (en la ley actual podrían acumularse hasta 90 años).

Otros aspectos propuestos son establecer un procedimiento de consulta pública que sea transparente, con plazos razonables y promuevan la máxima participación ciudadana, y que los permisos se otorguen sólo cuando también se hayan aprobado el plan de restauración y los estudios de transporte, electricidad y agua.

Finalmente, para evitar la obtención de permisos por 'caza-derechos' y mineras especulativas, Ecologistas en Acción propone garantías que acrediten la solvencia económica y técnica de los titulares de derechos mineros.