En directo | Última sesión de declaraciones en el juicio de la Hullera

El abogado considera que «a la hora de valorar las consecuencias no se puede acudir una tabla», en relación a esta situación ha recordado cómo se enteró el padre del Moure del accidente, así como la mujer de José Antonio Blanco a quien tampoco se llamó en ningún momento para comunicar el fallecimiento de su esposo. El abogado explica y justifica las peticiones de reclamaciones. En relación a la petición de las costas por parte de las defensas considera «algo grotesco» cuando consideran que «tuvieron una posición de garante en la evitabilidad del accidente cosa que no ocurrió»

«Los testigos han sido contundentes a la hora de reconocer el miedo y la preocupación y ante esta situación la defensa denunció a dos testificales, también se renunció a dos declaraciones para no perjudicar a su hermano, lo que si pasó con la de Manuel Conejo que aseguró que firmaba dado por enterado talleres que se supone que no eran suyos»

«También se ha evidenciado que la monta del taller hubiera eliminado esas dos amenazas, esa monta hubiera tenido una explotación superior y no sería una explotación en virgen. En cuanto al error topográfico se nos ha intentado convencer de que primero es la galería y luego el plano y se nos dice que es como un topo ciego abriendo una galería. Ningún plano con fecha anterior al accidente ha sido adjuntado al sumario. Se adjunta un plano del día 16 de octubre y se oculta deliberadamente el taller. Podemos ser tontos pero no tanto, eso tiene un fin y es ocultar el error topográfico»

En relación a la causa del accidente «creemos que fue la invasión de grisú» la que provocó la muerte. La bóveda o el DI son las causas por las que se pudo producir el accidente: «se nos ha intentado confundir con una o con otro causa, siendo cualquiera de las dos predecible y evitable». El letrado mantiene que «se tenía que entender a parámetros marcados por la ciencia para conocer ese estado. Una casa en ruinas sabemos que va a caer, aunque no sabemos cuando»

El abogado relata las prescripciones que no fueron cambiadas tras el accidente aunque «se siguió explotando hasta 2015»

«Se nos ha intentado convencer de que había un servicio de prevención donde se destinaban ingentes recursos, aunque no se actualizaba después de los accidente e incidentes que se había producido en los últimos tiempos. Incluso en la documentación de la Hullera consta en las DIS de organización que hay una organización que no se conecta con la real. Otra prueba más del ahorro implantado está en el proyecto tipo, que ni se cambió ni se actualizó», sigue su relato el letrado

Ha recordado el letrado que «la brigada de salvamento tardó una hora en llegar y su jefe no sabía ni donde estaban sus miembros que se intentó contactar con un o de los fallecidos a través de su mujer, ya viuda».

«Se intenta convencernos de argumentos falaces de que no se sutiraba cuando eso no es así. Cómo es posible que un macizo declarado sospechoso de invasión de grisú no contemplase mucho más de lo que ya había. Lo único que había era que confiar en la rapidez de los mineros, Se nos ha dicho que era fácil de poner el auto-rescatador cuando es mentira porque se necesita aire limpio o al menos oxigeno en los pulmones. También se no ha dicho que no se podían poner equipos porque eran poco más que instrumentos de la Nasa, cuando un testigo propuesto por la »

defensa nos ha dicho que se colocaron poco después en el Flanco Sur«, relata el abogado»

El letrado recuerda los diferentes accidentes y las medidas que se piden y remarca que hasta 2013 no consta aprobada esa resolución. «La séptima se inició en flagrante incumplimiento de la normativa», remarca el letrado.

«Hemos asistido en numerosas ocasiones a respuestas pactadas que muestran que no había ningún interés de esclarecer las causas del accidente. Además todos han repetido que la Hullera era una empresa modelo y recordamos que han muerto más de 200 mineros en si historia»

«Incluso los sábados cuando no había trabajos la ventilación no era suficiente para diluir el metano. El día 28 de octubre los barrenistas dicen que se producen ruidos, en una ocasión es uno de ellos quien manda salir ante la falta de vigilante. En cuanto a la bóveda, es indiscutible que desde el 15 de octubre es una constante en el taller. Esa bóveda se iba haciendo cada día más grande» relata el abogado mientras recuerda los días y las declaraciones

Otro de los abogados comienza sus conclusiones. «Dadme hechos y os daré derechos», relata el letrado que representa a la familia de dos de los fallecidos en el pozo Emilio. «Hemos asistido a muchas periciales, todas ellas ponen el foco en que se prioriza la producción ante la seguridad. Si algo hemos aprendido de la minería es que las dos mayores amenazas son el grisú y la bóveda y ambas estuvieron presentes en ese taller. Desde el inicio de la explotación hasta el fatídico día se vieron y nadie les hizo caso», mantiene el letrado

La abogada mantiene la acusación para todos los presentes en la sala y recuerda el motivo. «Por todo ello me ratifico en todo lo que me haya podido olvidar»

La abogada remarca que se ratifica, pero añade que no entiende que haya dilaciones indebidas, en este sentido remarca que «fueron precisamente ellos los que no aportaron los seguros y los negaron cuando si existían, actuando con mala fe». También recuerda la letrada que «hay un libro que no aparece y lo siguen negando».

Estrella Alonso, en sustitución Silvia Alonso Almazán. «Por una parte tenemos que el taller se había empezado en una zona que no se encontraba en la zona marcada en el proyecto. Consideramos que una vez se bajó de la planta quinta se cambió el modelo de explotación. Sobre la ventilación se ve que ha habido un problema en relación al aire que accedía a la galería», lee la abogada. La jueza le pide que si va a leer no hace falta que lo haga porque queda reflejado

En relación a las «dilaciones indebidas, creemos que no ha sido ajena la actuación de los acusados. Nos ha retrasado la suspensión de dos años del juicio, pero ¿esto fue ajeno a los acusados? se les había solicitado ya y se requirió a los investigados que si disponían de póliza de seguros, hasta que se aportaron aquí y esto es una de la causa de este retraso. En cuando a la reparación del daño se ha producido por la compañía de seguros, no por los acusados. En relación a la indemnización, habíamos solicitado unas cantidades han sido abonadas, por lo tanto nuestra petición carece de sentido, pero no implica que no haya otras reclamaciones. Interesamos que se dicte condena en estos términos»

«Entendemos que todos estos acusados son responsables de los delitos que antes se mencionaban, su actuación y todos los hechos que han quedado probados no hicieron nada para evitar que el hecho sucediera. Además hemos retirado la acusación a los vigilantes, porque son otras personas por encima de ellos quienes tienen que tomar medidas», mantiene el fiscal

«También entendemos que es culpable José Marcos Ulecia Román y José Carlos García Jarrín que omitieron unas medidas. Tenían como función comprobar la seguridad»

«Entendemos que también es responsable el director general -Mario Calvo Herce-, también debería haber promovido que se actualizara las medidas de seguridad y además tenía conocimiento de que se inicia en ese mes de octubre esa explotación. Entendemos que son responsables los ingenieros -José Eliseo Solís y David Toribio-. Al director facultativo se le comunicaron algunos problemas como el error topográfico y no hizo nada. El ingeniero jefe nos consta que estuvo en el lugar y no adoptó las medidas necesarias y no comunicó que había un riesgo. Entendemos que lo mismo es aplicable a Javier Martínez Rico y Jairo Gómez Bartolomé que también les correspondía comunicar lo que ocurría y poner alguna medida».

«Estos delitos por homicidio y las lesiones por imprudencia entendemos que son consecuencia de la vulneración de la empresa y los acusados. Todo ello ha sido causado por los incumplimientos de seguridad de la empresa. Entendemos que de estos delitos son responsables los acusados: en primer lugar los tres miembros del consejo de la empresa, dos de ellos consejeros delegados y el tercero consejero ejecutivo, se ha discutido si esto era por la comisión de valores, entendemos que tiene responsabilidad igualmente, Como consejo de administración deberían haber promovido que se adoptaran todas las medidas de seguridad y esto no es inventar nada para ese caso, esto es para todas las empresas».

El Fiscal considera que la empresa debería comprobar «si hay seguridad para estar ahí». El Ministerio considera que «hay un hecho indudable que es que ahí fallecieron seis personas» y que a nadie le debe caber duda de que «la muerte fue causada por el metano». También ha recordado que hay «una serie de personas» que han permanecido heridos. «Si no tenemos duda de que los fallecidos fue por metano, el resto de los heridos es por la misma causa», mantiene el fiscal que relata en esos momentos la situación del rescate.

«¿Hay que sancionarles a ellos? Pues entendemos que no, porque intentan ayudar y socorrer a los trabajadores que estaban en el taller y esa situación ha conseguido que alguna de las personas que estaba allí pudiera salir con vida», en este sentido el fiscal lamenta que «Si se puede producir un accidente por metano también hay que ver cómo se actúa si ocurre»

«Entendemos que lo fundamental es lo que ha expuesto el perito, debería primar la seguridad. Detener la explotación y valorar que se debe hacer. Y en esto debe ser una prioridad tener en cuenta que entrar ahí unos mineros a trabajar. Esto es lo que se debería tener en cuenta en todo caso», mantiene el fiscal.

«Entendemos que lo que ha quedado claro es que la DIS marca que cuando hay bóveda no se sutira. El perito ha dicho que eso se ha cumplido y lo vamos a dejar así que para eso es el perito. Pero también nos ha explicado que mientras más grande sea el hueco más peligro hay». En este sentido el fiscal mantiene que la «bóveda es consustancial al método de explotación, pero hay que controlarla»

El Ministerio Fiscal recuerda que también se dijo que los metanómetros portátiles no se podían extraer los datos y recuerda que «se ha dicho posteriormente que si había datos», aunque ha reconocido que «se había negado por parte de la empresa». En relación a las evaluaciones de riesgos, el fiscal considera que «en la documental se muestra que la fecha es 2008, se ha podido ir incorporando, pero la aportación de esa documentación es de 2013».

«Tenían que primar la seguridad teniendo en cuenta que ahí estaban trabajando unas personas, unos mineros», mantiene el fiscal. En relación a las manifestaciones de los acusados en los primeros días, el fiscal ha hecho referencia a «algo que se ha dicho aquí y se ha dado como cierto y no es así» y ha recordado que se habló de «emanaciones incontrolables e imprevisibles», pero ha recordado que «hay informes, algunos aportados por la defensa que recogen esas emanaciones de gas»

«La estructura de la empresa creemos que también influye», en este sentido se remarca que «había unos incumplimientos ya que no estaba actualizada, porque aunque ese documento de labores se acompañaba  debía haberse dado conocimiento a la autoridad minera». El Ministerio Fiscal recuerda las palabras de perito judicial y «con independencia de que tan buena es una titulación como otra, esta es una empresa minera y en el aspecto de seguridad si afecta eso». El fiscal recuerda el incidente de ese mismo año, pero meses antes del accidente cuando el director bajó a la mina acompañando al director facultativo cuando «era muy peligroso»

Explica ahora el Fiscal que «también se ha estudiado la situación de los ventiladores remarcando que no eran suficientes» lo que provocaba que «no se reducía el metano, como consecuencia había unos cortes provocados por esos detectores que deben cortar la corriente al subir el metano». El fiscal recuerda: «en definitiva: ola ventilación era insuficiente y era indebida», en relación a esta afirmación el Ministerio Fiscal ha considerado que «aunque estuviera en regla se debería haber cambiado, porque no era suficiente»

En relación a las declaraciones de Riesgo el fiscal mantiene que «el accidente ha sido consecuencia de un mal funcionamiento» de la empresa. Se recuerda que es a mediados de octubre cuando se empieza a explotar el taller «y ahí entendemos que se produce el cúmulo de problemas que el perito ha señalado». El Ministerio Fiscal recuerda que «no sabían donde estaban, en relación a las declaraciones del perito judicial» . El Ministerio Fiscal remarca que «no se estaba identificando el lugar de la capa en donde estaba en ese taller»

«Entendemos que el informe del perito judicial tiene conclusiones claras y contundentes de lo que es la causa del accidente», mantiene el Fiscal que remarca que «no concurre la nulidad» y recuerda que se solicitó «de oficio un informe pericial, se le designó a él y ha manifestado que intervinieron con él varias personas, ya constaba que se había colaborado en ese informe. Algo que tenían conocimiento las defensas porque parte de ellas le propuso como testigo y eso no invalidó el informe».

En relación a loa bóveda, el Ministerio Fiscal considera que «no se ha podido comprobar si fue o no la caída de la bóveda porque no se pudo acceder al post-taller», pero considera que «no deja duda a que había unos indicios que no hay lugar a dudas en que se estaba trabajando en unas malas condiciones». El fiscal remarca que «había unos avisos que se tenían que haber hecho caso»

El Ministerio Fiscal continúa con sus conclusiones y mantiene que «el metano es un riesgo que se conoce y hay unas normas y medidas para evitar esas emanaciones de grisú. Ha quedado acreditado que no se adoptaron por parte de la empresa todas las medidas y no actuaron correctamente para evitar que se produjeran los resultados que se produjeron». El fiscal no considera «concluyentes» que hubiera señales de alarma, pero «lo que si se desprende es que existía preocupación y temor» . Todo ello «porque aquello no terminaba de hundir» un hecho que «resulta claramente de la testifical»

El fiscal continúa asegurando que «en el sector de la minería hay una legislación más rigurosa debido a esta situación de peligro». Por todo ello, «no cabe duda» que es la empresa quien tenía que poner la solución.

En este sentido, recuerda que hay un hecho que «no se ha discutido, y los seis fallecidos y los nueve heridos, fue por una invasión de una gran cantidad de grisú que se desprendió en ese taller». El fiscal considera que es un hecho que los trabajadores «cayeron desfallecidos y allí resultaron fallecidos en esa zona de la que tanto se ha hablado como es la cabeza del cuarto páncer»

El Ministerio Fiscal comienza sus conclusiones definitivas. Considera que tras el conjunto de las numerosas pruebas ha resultado acreditado que el accidente «no fue fruto de un hecho fortuito ni que fue impensable, sino que se podía haber evitado y debía haberse evitado». El fiscal entiende que «se podía y se debía haber evitado». En este ámbito asegura el fiscal que es un principio fundamental de la ley que se debe cumplir por la empresa en relación a la seguridad laboral. El accidente se produjo cuando los accidentados estaban llevando a cabo su trabajo y lo estaban haciendo en un «lugar peligroso como es una mina»

El letrado de Mapfre pide irse, pero uno de los abogados recuerda que en acuerdo de indemnización no se incluyó a su defendido por los que pide que se quede

El siguiente de los letrados entiende que «no se puede hacer una renuncia parcial en relación a la responsabilidad civil» y pide la condena en costas de las acusaciones particulares.

El siguiente abogado pide que las acusaciones paguen las costas «una vez que han sido resarcidos en las cifras que marca el Ministerio Fiscal»

El letrado de Mapfre remarca la indemnización de todos con un acuerdo previo firmado en febrero de 2023 y remarca que la compañía queda al margen del proceso. En ese sentido, pide no asistir a la fase de conclusiones.

El abogado de Alberto Fernández, delegado minero, eleva a definitivas sus conclusiones y pide el sobreseimiento. Así pide que las costas recaigan en las acusaciones particulares, a excepción de una que ha pedido el sobreseimiento, por considerar que hay «mala fe en las acusaciones en mantener esta causa». En caso de que su defendido sea condenado pide dilaciones indebidas.

La siguiente letrada modifica el escrito de conclusiones, lo hace en relación a las dilaciones indebidas. Además añade los periodos de inactividad procesal, la instrucción se inicia en 2013, pasan 4 años. En marzo de 2018 se dicta el auto de pase abreviado y se tarda 8 meses en informar a mis defendidos. La aportación de las pólizas de seguros corta el juicio y no se señala hasta dos años después. Un motivo que causa graves prejuicios a mis defendidos. Pide las costas porque considera «mala fe» en la acusación de las víctimas y las familias de los fallecidos

El siguiente letrado de la defensa mantiene que «esas dilaciones han ocasionados prejuicios en mis defendidos», también pide un atenuante de dilaciones indebidas en caso de una condena.

El siguiente de los letrados de la defensa mantiene las mismas anotaciones que el abogado anterior y asegura que han pasado 10 años, la causa ha estado parada y «esas dilaciones han ocasionados prejuicios en mis defendidos»

«Los hechos trataban de 2013, han pasado 10 años, la causa ha estado parada y esas dilaciones han ocasionados prejuicios en mis defendidos», ha asegurado el letrado de José Eliseo Solís, David Toribio y Javier Martínez Rico. Además recuerda que «han sido indemnizados gracias a mis defendidos»

El letrado de Mario Calvo Herce modifica la conclusión 4 y 5 «en los mismo términos que el abogado que me ha precedido la palabra»

Comienzan los abogados de la defensa. El letrado de Antonio del Valle, Arturo del Valle y Aurelio del Valle pide la absolución eleva sus conclusiones a definitivas y añade a ellas que Arpad Acs no era trabajador de la Hullera, sino de la UTE Santa Lucía, por lo que considera que no debe haber indemnización ninguna. Solicita la pena de nueve meses de prisión por seis delitos de homicidio

Otro de los abogados modifica la indemnización, debido al acuerdo al que se llegó con Mapfre. El resto de conclusiones las elevan a definitivas

Otro de los abogados de uno de los heridos añade que «el desmayo que sufre mi cliente es por la falta de un plan de evacuación y prevención de riesgos». En relación a la indemnización, retira la parte de Mapfre y mantiene la petición de indemnización en relación con los acusados, la empresa y las dos aseguradoras presentes en el juicio

Otro de los abogados de la acusación ha querido añadir que los heridos se adentraron el taller porque «sabían que la brigada no iba a llegar». De este mismo modo, remarca en esas modificaciones que los acusados que fueron allí y participaron en el rescate «no impidieron a nadie entrar al rescate de los compañeros». El resto de modificaciones son relativas a las indemnizaciones