CCOO cree que una transición energética «justa» debe tener en cuenta a trabajadores y comarcas afectados

Unai Sordo ha mantenido que, con el objetivo de minimizar su impacto social y laboral, una transición para un modelo bajo en carbono debe incorporar un diagnóstico de los efectos económicos y en el empleo de los sectores afectados, acompañado de medidas con financiación para una transición justa para trabajadores y empresas.

Precisamente, la ausencia de estos elementos, recordó Sordo, motivó que CCOO se abstuviera y presentara un voto particular ante el informe de la Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética, montada por el Gobierno, que «solo recogía aspectos genéricos».

«En CCOO creemos que la mayor parte de los sectores y empresas se podrán adaptar a los procesos de transición energética». Para el secretario general de CCOO, «en aquellos sectores o empresas que no puedan adaptarse total o parcialmente a los cambios, hay que prever y dar soluciones, técnicas y económicas desde el ámbito político e institucional, pues si no habrá trabajadores que pueden quedar en situación de vulnerabilidad. Igualmente hay que tener en cuenta la repercusión económica y social en las zonas donde se concentran este tipo de empresas e instalaciones, que necesitan de opciones de desarrollo alternativo».

Sordo defendió la necesidad de un plan para la transición energética «que contemple un modelo energético sostenible, medioambientalmente, económica y socialmente hablando». A su juicio, es preciso «un cambio ordenado en el mix energético, donde el fomento de las energías renovables de forma consistente con fuentes de energía de respaldo y capacidad firme suficiente, son imprescindibles».

Junto con este plan para la transición energética es necesario un plan estratégico estatal para la transición justa. «Se trata de reducir el impacto laboral y territorial y tiene que contar con un marco de diálogo social, con implicación interministerial, de los agentes sociales, sin olvidar a las comunidades autónomas», explicó.

En su intervención, el secretario general de CCOO desgranó con detalle las propuestas de CCOO. Así, dijo que en cada zona afectada se requiere de un plan de zona de transición justa, donde además hay que implicar a las empresas afectadas por un proceso de cierre o reconversión. Los diferentes centros de generación que las empresas quieran cerrar deberían ir acompañados por un «plan de inversión industrial y del empleo», para sustituir la tecnología actual por otra más sostenible en el mismo centro de producción o un entorno cercano. «En el caso de desaparecer la actividad, se crearían centros de desarrollo o producción impulsados por la administración y con la participación privada de las empresas», subrayó.

En definitiva, concluyó, «CCOO apuesta por que el país vincule su transición energética con el cumplimiento de los distintos acuerdos internacionales, sin olvidar el efecto sobre el empleo, ni sobre el territorio. Hablamos de empleo directo, indirecto e inducido porque hablamos de desarrollo socioeconómico. Ser cuidadosos con los ritmos de las transiciones es importante, como lo es adaptar medidas integrales, tras muchos años de abandono de las políticas industriales».

A dichas jornadas también acudió la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien anunció que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética irá acompañada de un Plan de Transición Justa. Ribera considera indispensable que las personas estén situadas «en el centro» de este proceso y apuesta por activar un diálogo real con los agentes sociales para abrir una nueva etapa en España, «más justa socialmente y más realista ambientalmente».

«Las emisiones de gases de efecto invernadero son un lastre para nuestro país, para nuestros ciudadanos, para nuestras actividades económicas, para los inversores y para los trabajadores, tanto del presente como del futuro», señaló la ministra, quien resaltó la necesidad de anticipar y acompañar a todos los actores sociales en este proceso. «Es nuestra obligación hacerlo y solo puede hacerse desde la base del diálogo y de la correcta ordenación de las prioridades», añadió.

Frente a retrasar la acción en esta materia, algo que «no ayuda en nada», la ministra resaltó las oportunidades que se abren ante un proceso de transición ecológica y justa. En este sentido, citó los últimos informes de la Comisión Europea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos  (OCDE) y recordó que se estima que este proceso generará cuatro empleos por cada uno que se pierda de sectores contaminantes en 2030.

La ministra destacó que avanzar en una transición justa es una prioridad para el Gobierno de España y cuenta con la complicidad de los ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social e Industria, Comercio y Turismo, y que será imprescindible la colaboración de las carteras de Economía, Hacienda y Educación. Sostiene Ribera que el Plan de Transición Justa, unido a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Integrado de Energía y Clima constituyen las tres principales tareas del ministerio en los próximos meses.