Asturias se suma a los sindicatos y exige que la Sepi asuma Uminsa para ‘blindar’ los 150 empleos

El objetivo no es otro que el de garantizar su actividad y el mantenimiento del empleo. Una proposición no de ley que salió adelante con el apoyo de socialistas y Podemos y la oposición de PP y Ciudadanos.

El parlamento asturiano ya aprobó en noviembre del pasado año, también con los votos de PSOE, Podemos, Foro e IU una iniciativa de esta última formación en la que se reclamaba la nacionalización de la minería privada que aún pervive en el suroccidente asturiano.

Además, la coalición ha registrado también en el Congreso otra en la que pide nacionalizar todas las empresas mineras del suroccidente asturiano (Asturleonesa, Uminsa Cerredo, Uminsa Pilotuerto y Carbonar).

De esta forma, se pretende salvaguardar los más de 150 empleos directos de Uminsa que tiene repartidos entre León y Asturias y que se encontraba sumidos en un ERE de suspensión pactado y que se extendía hasta el mes de diciembre. En la actualidad, la minera leonesa se encuentra inmersa en un proceso de liquidación.

Uminsa mantenía explotaciones en Asturias y León. En concreto en el Principado explotaba Pilo Tuerto (Tineo) y Cerredo, mientras en la provincia de León contaba con explotaciones en Fabero (La Gran Corta), Torre del Bierzo (Pozo Salgueiro) así como el lavadero situado en Alinos. A estas explotaciones se sumaba otra más en la provincia de Palencia.

Unión Minera del Norte (Uminsa), perteneciente al Grupo Alonso fue condenada al pago de 28.095.062,93 euros a Hunosa tras la demanda interpuesta por la hullera pública por la desaparición del carbón, propiedad de esta última empresa, que se encontraban en las instalaciones del Grupo Alonso dentro del denominado Almacén Estratégico Temporal (AETC).

Hunosa presentó la demanda al detectar en las instalaciones un déficit de casi 578.000 toneladas, para lo que en 2013 encargó un informe pericial que determinó la merma denunciada por la hullera pública.

En la actualidad esa cantidad de 28 millones de euros, tras desestimarse los correspondientes recursos, superaba los 30 millones de euros «debido a los recargos».

La decisión supone «dejar en la calle» a un total de 159 trabajadores, que en su mayoría se encontraban en la actualidad sumidos