La actividad minera en el pozo Nueva Julia causó una afectación «muy grave» al entorno natural

La segunda sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia de León, y que se ha visto interrumpida por diversas cuestiones judiciales, ha contado con las declaraciones de un experto del Ministerio para la Transición Ecológica y de otros dos que fueron solicitados por el Juzgado de Villablino y que analizaron aspectos ecológicos en la zona afectada de ese ayuntamiento.

El primero de ellos ha reiterado que el informe que elaboró en 2016 recogía la afectación «muy grave» de este entorno natural en base a los daños que pudo observar a través de fotografías aéreas.

«Se abandonó la instalación sin hacer nada y los daños graves de 2010 se convirtieron en muy graves en 2016», ha llegado a manifestar el perito a preguntas del fiscal. De hecho, afirmó que en el análisis que realizó pudo comprobar que existían cabeceras de arroyos en esa zona «que ya no están».

Posteriormente, dos expertos en ecología, pertenecientes a una compañía financiada por dinero público de una universidad gallega, prestaron su testimonio tras elaborar un informe en 2015 que había solicitado el Juzgado de Villablino.

Estos corroboraron la afección ecológica producida en las 18 hectáreas que la explotación del pozo Nueva Julia invadió en el municipio lacianiego. «Sus hábitats habían desaparecido por acción de una actividad humana». También insistieron en que no había «ningún tipo de restauración en esa zona» y que esa superficie no podrá regenerarse de forma natural, por lo que será el hombre quien deba intervenir para hacerlo.

Por la tarde será el turno de los peritos de parte, propuestos por las defensas, quienes darán su visión experta sobre las consecuencias que la explotación minera tuvo para el entorno. Posteriormente se leerán los escritos de las partes y el juicio quedará visto para sentencia.

El ministerio fiscal ha rebajado la solicitud de penas de cárcel a siete años y medio para cada acusado y la responsabilidad civil subsidiaria por valor de 24,3 millones de euros derivadas de las labores de restauración que debieron acometer el Gobierno de España y el autonómico en la zona. Mientras, las defensas reclaman la libre absolución de sus clientes por falta de pruebas.

La de esta semana no es la primera ocasión en la que el empresario minero Victorino Alonso se ve las caras con la justicia. Entonces el mpresario era propietario del coto de caza de Bastarás, de 2.000 hectáreas, y allí eliminó el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves. Fue condenado a dos años de cárcel pero finalmente el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le ha suspendido denitivamente la condena basándose, entre otras cosas, en que es insolvente para afrontar la elevada cuantía.

Alonso también fue condenado por la Audiencia Provincial de León a dos años y seis meses de prisión al considerar que es autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la explotación ilegal de la mina El Feixolín, en Villablino.

En aquel caso se le impuso multa de 19 meses con una cuota diaria de 15 euros, y dos años y tres meses de inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales. Sin embargo fue absuelto de los delitos sobre la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística de los que era acusado.