Acom pide su hueco en la comisión del nuevo plan del carbón como «parte activa» en la reactivación de las cuencas

En ese sentido, la reunión de la junta directiva de Acom celebrada este martes en Oviedo también acordó exigir al Ministerio que las actuaciones destinadas a la reactivación dentro del nuevo plan se consensúen con los municipios para «adaptarse a las necesidades reales del territorio», explicó Presa, que adelantó que la asociación se opondrá a la llegada de «líneas cerradas de subvenciones».

Igualmente, Acom reclamó a los responsables del Ministerio que valoren la ejecución de los anteriores planes, a fin de determinar el grado de incumplimiento. Al respecto, Presa recordó que el último plan, que abarcó el período entre 2013 y 2018, no supuso la firma de ningún convenio, ni la ejecución de ningún proyecto.

En esa línea, criticó la «injusta fama» de las cuencas mineras como territorios en los que se han dilapidado las ayudas públicas y exigió que, a efectos de financiación, se tenga en cuenta el dinero no invertido en los últimos planes. Por último, Acom también solicitará a los firmantes que incorporen al acuerdo a la comarca cordobesa del Guadiato, que figuró en los anteriores planes pero que desaparece del preacuerdo alcanzado la semana pasada por sindicatos y Ministerio.

A la reunión de este martes en Oviedo acudió una delegación de alcaldes y sindicatos de la comarca andaluza, que criticaron que el preacuerdo sí incluya al municipio de Puertollano pero deje fuera a otros ayuntamientos de tradición minera como Peñarroya, Bélmez o Fuenteovejuna. «Creemos que reúnen los requisitos suficientes para seguir formando parte del plan», afirmó Presa.

Tras la reunión de la junta directiva, Acom dio traslado del documento al Ministerio de Transición Ecológica, cuyos responsables se habrían comprometido a mantener una reunión de trabajo con los representantes de la asociación el próximo lunes en Madrid. «Hasta ahora se ha hablado con los sindicatos de los temas que afectan a los trabajadores, pero ha llegado el momento de hablar con los territorios, trabajar junto a los ayuntamientos y comunidades autónomas y desarrollar las líneas generales en lo que tiene que ver con la reactivación de las cuencas», avanzó el presidente de Acom.

Tras el preacuerdo alcanzado el pasado miércoles por Gobierno y sindicatos del sector, el acto oficial de firma del 'Acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras 2019-2027' tendrá lugar este miércoles a las 17 horas en la sede del Ministerio en Madrid. Después de alcanzar ese entendimiento, los sindicatos implicados, CCOO y UGT, defendieron el documento como «el mejor posible» ante «la postura de bloqueo del Gobierno» respecto a la continuidad de las empresas del sector

Sin embargo, el preacuerdo no ha recibido una calurosa acogida en el ámbito político autonómico, donde la Junta, a través de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha exigido al Gobierno «alternativas industriales» para las cuencas para paliar los efectos en el empleo de un plan que «va a suponer el fin del carbón» en la Comunidad. El grupo del PP en las Cortes y la dirección provincial del partido en León también han criticado un preacuerdo que ven «con preocupación» debido a la «ausencia de planes de reindustrialización».

También la Unión del Pueblo Leonés (UPL) criticó el preacuerdo como «el finiquito definitivo» para las cuencas y acusó a Gobierno y sindicatos de querer enfrentar a la sociedad con la minería. Por su parte, el PSOE, en palabras de su secretario autonómico, Luis Tudanca, defendió la necesidad de «un periodo transitorio» para que los habitantes de las cuencas vivan «una transición económica justa».

En el plano laboral, el preacuerdo se ha encontrado con la oposición de los trabajadores de las contratas y subcontratas privadas, así como de las empresas auxiliares del sector, que se han constituido la plataforma Santa Bárbara para defender los derechos de cerca de 800 empleados. Una delegación de la plataforma acudirá mañana al acto de firma para reclamar que el nuevo acuerdo marco incluya a estos trabajadores.

Esa misma reivindicación es la que ha llevado a tres trabajadores de Peal, la compañía que explota la mina a cielo abierto de Santa Lucía de Gordón, a mantener dos encierros en sendos ayuntamientos en los pasados días. La pasada semana, los empleados se encerraron en el Consistorio de La Robla, gobernado por el PSOE, mientras que en la tarde de ayer el encierro se trasladó a las dependencias del Ayuntamiento de Pola de Gordón, gobernado por el PP.