Tres años para explicar la fortuna de Fernández Villa

Pero la amnistía fiscal apuntaba en otra dirección, y a todo el mundo le escandalizó que el antiguo líder sindical pudiera tener dicha fortuna oculta. No se podía atribuir a sus remuneraciones oficiales como diputado y senador, ni a los sueldos que le hubiesen correspondido en su día como minero, dado que estos eran ingresos oficiales y, por supuesto, declarados.

Así las cosas, había que averiguar la procedencia de esos 1,2 millones de euros, y 'el origen de la fortuna de Villa' se convirtió durante muchos meses en uno de los temas recurrentes en los mentideros políticos y sindicales asturianos.

El primer indicio de por dónde podría haber venido el engrose pecuniario del líder sindical ya ha llevado a la apertura de una causa judicial. Villa no ingresó en las arcas del SOMA los cheques nominativos por importe de algo más de 243.000 euros que Hunosa le extendió entre 1989 y 2001, además de dietas que no le correspondían por su labor sindical, y de cargar al sindicato todo tipo de gastos y cobrar hasta por duplicado kilometrajes y gastos en gasolina, entre otros muchos estipendios irregulares. Por esta causa, la juez que instruye el caso acaba de dictar una fianza de 579.000 euros, para hacer frente, entre otros aspectos, a todo lo que Villa deba devolver al SOMA si el juicio concluye con una condena contra el exlíder sindical.

Pero esto no explicaba ni la mitad de la fortuna oculta de Villa. Desde el primer momento, las sospechas generalizadas se centraron en el gran proyecto que el Montepío de la Minería, institución independiente pero en la que el SOMA siempre ha ejercido un control absoluto, tenía en Felechosa. La obra del geriátrico, que el Montepío de la Minería aprobó y financió con 31 millones de euros de los fondos mineros, aparecía como foco de todas las sospechas. Y el hecho de que cuando se adjudicaron las obras presidiera el Montepío José Antonio Postigo, que también regularizó 360.000 euros en la amnistía, no hacía más que ahondar en las sospechas, reforzadas por la colocación a dedo del hijo de Villa como gerente del complejo y de la hija de Postigo en el Montepío.

Pero una cosa son las sospechas y los comentarios y otra muy diferente una investigación judicial que pueda devenir en un proceso ante los tribunales con todas las garantías. La investigación se ha desarrollado, por el momento, durante ya casi tres años, con una petición concedida de prórroga por parte de la fiscalía anticorrupción, para poder hacer frente a una ingente cantidad de documentación que, antes de los registros de ayer, ya superaba ampliamente los 800.000 folios.

Se trataba de precisar cuánto de los sobrecostes en los que prácticamente cualquier obra de un cierto tamaño incurre era justificable y cuánto no lo era. Estos datos aún no han trascendido, pero el sobrecoste de un proyecto que ya inicialmente fue criticado por ambicioso y costoso superó ampliamente los dos millones de euros. No contento con esto, en su momento el Montepío, aún bajo la presidencia de Postigo, pidió al Instituto de la Minería tres millones adicionales para cubrir supuestos costes financieros de la obra. No se le concedieron. Pero el geriátrico sigue en pie y en funcionamiento.