Golpe judicial contra Fernández Villa y sus cómplices por la corrupción en el Montepío

Lo hizo el pasado mes de abril ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, con fundadas sospechas de que buena parte de su fortuna procede de la construcción de la residencia de Felechosa, propiedad del Montepío de la Minería. Pero hay más: no lo hizo solo.

La llamada 'Operación Hulla' se activó ayer con un amplio operativo policial que incluyó el registro durante cinco horas de la residencia familiar de José Ángel Fernández Villa, en el barrio de La Florida, así como otras simultáneas en Oviedo, Lena, Murcia, Madrid y Valladolid, con la detención de cuatro de sus colaboradores. El exlíder sindical, debido a su delicado estado de salud, fue el único que no fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil, aunque sí está citado a declarar como investigado ante la titular del juzgado, Begoña Fernández, algo que se espera que ocurra en las próximas horas.

No será la primera vez que lo haga. El pasado mes de marzo y después de meses tratando de evitar la comparecencia, Villa tuvo que personarse en otro juzgado, el número 2, acusado por el SOMA de apropiarse de forma indebida de unos 420.000 euros del que fuera su sindicato durante más de tres décadas. Ayer, durante el registro en su domicilio que comenzó en torno a las nueve de la mañana, estuvo acompañado por su abogada, Ana García Boto. Hacia las tres y diez de la tarde, tres agentes de la UCO salieron del edificio e introdujeron en su coche varias bolsas y cajas con documentación intervenida. Abandonaron el lugar a toda velocidad hacia la sede judicial que se encargará de la instrucción del caso.

Calabozos y multas de la ORA

Quienes sí pasaron la noche en los calabozos fueron José Antonio Postigo, máximo colaborador de Villa y responsable del Montepío cuando se sucedieron los hechos, que también regularizó en la amnistía fiscal 360.000 euros. Se encontraba en Murcia. También se detuvo al asesor fiscal del Montepío en aquella época, José Manuel Fernández, tras varias horas de registro en las oficinas de la asesoría Aucontror situadas en la calle Viaducto Marquina, en Oviedo, de donde los agentes salieron también con abundante documentación. Y con una multa de la ORA, por aparcar mal sus coches camuflados.

De forma paralela, en Lena, otros dos operativos de la UCO procedían a un registro maratoniano que se prolongó hasta bien entrada la noche en las sedes de la empresa que se encargó de la ejecución de esta obra, Alcedo de los Caballeros, con la detención de su propietario, José Antonio Fernández, amigo personal de Postigo; así como en el estudio arquitectónico del autor del proyecto, Manuel Sastre, que también fue trasladado al cuartel.

La investigación, que se mantiene bajo secreto de sumario, también ha salpicado a familiares directos de José Ángel Fernández Villa y de José Antonio Postigo. De hecho, la mujer del exsindicalista y sus hijos, Ángela y Rolando Fernández, tuvieron que comparecer ayer en las dependencias de la Guardia Civil. Rolando Fernández fue, durante la época que se investiga, gerente del macrogeriátrico y contaba con un contrato blindado por el que tenía asegurada una indemnización de 80.000 euros en caso de despido. También la hija de Postigo, Patricia, disfrutó de un contrato con el Montepío como empleada del área de Administración.

La otra hija de Postigo, Elena, no trabaja para el Montepío, pero sí que lo hizo para la empresa Alcedo de los Caballeros, cuyo principal encargo fue, precisamente, la construcción del macrogeriátrico. A esta lista de familiares que podrían estar salpicados por la 'Operación Hulla' se suma Carlos Vertedor Postigo, primo de Postigo, director del hotel que la mutua tiene en Roquetas de Mar. Por último, Dorina Bischer, exmujer de Postigo y exdirectora del complejo vacacional de Los Alcázares, en Murcia.

La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 3 tienen indicios suficientes como para pensar que buena parte del dinero que escondía Villa procede de la obra de este geriátrico que, si bien salió a concurso por 27,73 millones de euros, su proyecto fue modificado al alza justo cuando la obra estaba acabando (la residencia fue inaugurada en 2012) y su coste superó finalmente los 30 milones. Un presunto delito de desvío de dinero y apropiación indebida con el agravante de que se trataba no solo de fondos privados, pertenecientes a la mutulidad minera, sino también a fondos públicos, ya que esta obra se ejecutó con cargo a una subvención concedida en 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la reestructuración de los fondos mineros. Se les imputa delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, societario por apropiación indebida, delito contra la hacienda pública, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

Claves de la investigación: Tres años para explicar la fortuna de Fernández Villa