Villa, a su llegada al juzgado.

El SOMA pide un total de seis años de cárcel para Villa y una indemnización de 431.000 euros

El sindicato acusa de un delito continuado de apropiación indebida a su exsecretario general y al del Infide, Pedro Castillejo, para quien reclama 5 años de prisión

DANIEL FERNÁNDEZ

Martes, 9 de mayo 2017, 11:43

Los afiliados del SOMA-Fitag-UGT se lo habían pedido a sus dirigentes. Fue en aquella asamblea, celebrada en Mieres en octubre de 2014, apenas unos días después de que se conociera que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el origen del patrimonio de quien había sido ... el líder de esta organización durante 34 años, José Ángel Fernández Villa.

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En ella, se trasladó a la actual ejecutiva del sindicato un mandato muy claro: si detectaba indicios de que el líder minero se había enriquecido a costa del patrimonio del SOMA, había que «hasta el final para que nos lo devuelva». Y esta organización sindical mantiene la hoja de ruta marcada en aquella cita y ayer presentó en el juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, el mismo que instruyó el caso abierto contra Villa tras la denuncia interpuesta por el SOMA en 2015, el escrito de acusación y la solicitud de apertura de juicio oral.

En él, sus abogados consideran probado que Villa cometió un delito continuado de apropiación indebida y, por ello, pide para él seis años de cárcel, la pena máxima para este tipo de delitos. Además, le reclama una indemnización de más de 431.000 euros, la cantidad que entienden que desfalcó de entre 1989 y 2012.

Soma

En el escrito de acusación presentado por los letrados que defienden al SOMA, Miguel García Vigil y Luis Llanes, del despacho de Ontier Abogados, también considera que Pedro Castillejo, exsecretario general del Infide -fundación vinculada a este sindicato- cometió un delito similar al de Fernández Villa. Para él piden una pena de prisión de cinco años y una indemnización de 114.954 euros, la cantidad que supuestamente hizo suya de las cuentas del Infide entre 2004 y 2013.

Las penas de prisión que solicita el Soma para Villa y Castillejo son mayores que las instadas por la Fiscalía en su escrito de acusación, presentado el pasado 20 de abril. En él, el fiscal Enrique Valdés-Solís Iglesias pidió cinco años de cárcel para el exlíder minero y tres años y seis meses para el exsecretario del Infide.

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En su escrito de acusación, los abogados del Soma, Luis Llanes y Miguel García Vigil, también consideran probado que el exlíder minero incorporó a su patrimonio fondos del sindicato. Y para ello utilizan una línea argumental similar a la empleada el pasado 13 de abril por la jueza Simonet Quelle al cerrar la instrucción del caso Villa. Unas diligencias abiertas en 2015 tras la demanda presentada por el SOMA contra su exsecretario general, a quien acusaba de haberse apropiado de fondos del sindicato.

Así, como también hiciera en su escrito el fiscal, los letrados del sindicato minero creen que durante las diligencias de instrucción ha quedado probado que Villa incorporó a su patrimonio, en lugar de al del SOMA-Fitag-UGT, el importe de los cheques por la asistencia de los representantes sindicales a las reuniones del comité intercentros. Según la acusación, el exdirigente sindical habría hechos suyos entre noviembre de 1989 y enero de 2001 un total de 234.462,46 euros.

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«Burlar los controles»

A partir de febrero de 2001, Hunosa modificó el sistema de pago de las citadas dietas, sustituyendo los cheques por transferencias bancarias. Así, Villa decidió designar una cuenta del SOMA-Fitag-UGT, «con el fin de burlar los controles más estrictos que sobre los fondos económicos existían en esta organización». Según los letrados que representan al sindicato en este caso, el exsecretario general «utilizó dichos fondos en su propio beneficio para atender sus gastos propios y personales». Para ello, prosiguen en su acusación, además de presentar hojas de gastos por kilometraje, presentaba facturas de carburante, mantenimiento y reparación del vehículo, primas del seguro y el importe de las multas que se le habían impuesto. De igual modo, además de las dietas por alimentación, presentaba facturas de comidas en restaurantes y de gastos «realizados a título personal», como puros, sombreros, dispositivos electrónicos, libros, flores, productos delicatesen o joyas, entre otros artículos.

Estas compras personales se realizaban mediante pagos en metálico o a través de tarjetas de crédito a nombre del sindicato «sin que los miembros de dicha organización tuvieran la más mínima posibilidad de oponerse al pago de cualquiera de dichos importes».

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También consideran probados los representantes legales del SOMA-Fitag-UGT que Villa adquirió a su nombre dos vehículos, sendos Mitsubishi Montero, con cargo a los fondos del sindicato. Así, el primero, comprado en 2001, tuvo un coste total de 33.520,90 euros, que se abonaron con setenta pagos mensuales de 478,87 euros ingresados en una cuenta personal de Fernández Villa. Por el segundo, adquirido en 2006, se transfirieron a las cuentas del exsecretario general un 52.111,26 euros, pese a que el coste del vehículo fue de 41.891. A esa cantidad, además, habría que descontarle los 14.000 euros con los que fue tasado el Mitsubishi comprado en 2001 y que se entregó a la hora de hacer la operación.

Fundación Infide

En total, según el sindicato, entre 1989 y 2012, Villa se habría apropiado de 431.330,77 euros del SOMA-Fitag-UGT. Por ello, los letrados del despacho de Ontier, reclaman para el exsecretario general del sindicato seis años de prisión -la pena máxima para este delito-; una multa de 180 euros diarios durante doce meses; una indemnización de 431.330 euros y una fianza por ese mismo importe «para garantizar las responsabilidades pecunarias que puedan decretarse de la sentencia a dictar».

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En el caso de Pedro Castillejo, exsecretario general de la Fundación Infide, del SOMA, los abogados del sindicato minero también consideran probado que se apropió de fondos de esta entidad. En concreto cifran la cantidad desviada a su patrimonio en 114.954,74 euros entre 2004 y 2013. Para él, solicitan cinco años de prisión, una multa diaria de 140 euros durante diez meses y una indemnización por la misma cuantía que el dinero que supuestamente desfalcó.

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