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Domingo, 23 de abril 2017, 21:02
Semana decisiva para el futuro de Unión Minera del Norte, actualmente con todos sus centros de trabajo paralizados y con la práctica totalidad de la plantilla inmersa en un Erte suspensivo y otro extintivo en tramitación, cuyo objetivo es dar cobertura a los trabajadores ... ante el devenir cada vez más incierto que atraviesa la compañía.
Será este lunes cuando se resuelva el recurso de apelación contra la ejecución provisional llevada a cabo por Hunosa en relación al crédito concursal derivado del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC) y que ha supuesto ya, el embargo de las Ayudas de 2016, la petición de saldos a las compañías eléctricas a las que Uminsa venía suministrando y la inscripción provisional de embargos sobre la maquinaria y vehículos de la compañía, cuya incautación definitiva está pendiente precisamente de este recurso.
Desde la representación de los trabajadores no comprende que, con los esfuerzos que hubo que hacer desde el año 2013 para sacar adelante un convenio que evitase la desaparición de la empresa, ahora Humosa pase por delante de todos los demás acreedores incluyendo a los trabajadores y a las Administraciones Públicas- y se lleve por delante un concurso que se venía cumpliendo en todos sus extremos desde que se aprobó a finales de 2013, para finalmente cobrar su deuda al provocar la liquidación de Uminsa.
800 familias en jaque
Semana en la que además desde el comité de empresa confían en que concluya la tramitación administrativa de los arrendamientos de determinadas concesiones mineras presentados por Prosimet, con quien Uminsa ha firmado contratos que le permitirán retomar la actividad y continuar con su convenio.
Tampoco en este caso, continúan, se entiende que un procedimiento reglado que en Asturias se resolvió en unos pocos días, se esté demorando tanto en Castilla y León, poniendo en peligro los empleos e impidiendo que se reanuden las ventas a las centrales térmicas.
Por todo ello, la parte social hace un llamamiento a los tribunales y a las administraciones que deben intervenir para que tengan en cuenta que detrás de sus decisiones hay 200 empleos directos y unos 600 indirectos que están en juego y, por tanto, 800 familias cuyos problemas parece que a nadie le importan a la hora de valorar las decisiones que deben tomar.
Será en mayo cuando se conozcan ambas decisiones de las que depende que se retome la actividad en unas minas que habían logrado ya ser competitivas de cara al escenario que se avecina a partir del 2018 o por el contrario se pierda todo el esfuerzo realizado y se condene definitivamente a las comarcas mineras afectadas.
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