Victorino Alonso jura que ni conocía ni entró en la cueva Chaves y remarca que no pagará «por lo que no he hecho»

Alonso reitero que él no era el responsable de los destrozos que fueron fruto de un error y un malentendido entre Vicente Baldellou, exdirector del museo de Huesca y el director del coto de Bastarás, el mismo que días atrás señaló directamente a la culpabilidad del empresario minero como inductor de los trabajos que provocaron los destrozos.

Asimismo, Victorino, acusado de ordenar la limpieza de la cueva donde se encontraba uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la península, también remarcó la culpabilidad del Gobierno de Aragón por no haber señalizado debidamente los restos, reiterando que él no era el responsable de esos destrozos y, como tal, no pagaría por algo que no he hecho.

Previamente, había prestado declaración el director del yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, que defendió la importancia y el gran valor científico de la cueva de Chaves, representando una gran pérdida para el estudio de algunas especies ya extinguidas.

Tal es así, que los restos hallados centraron tres tesis electorales de Arsuaga que, durante su declaración, llegó a hablar de tragedia personal dado que el yacimiento disponía de datos muy importantes sobre el estudio de los ganaderos en la prehistoria.

Jornada en la que también prestó declaración una investigadora colaboradora de Vicente Baldellou, ya fallecido, que negó la posibilidad de que hubiese podido ordenar la entrada de maquinaria pesada para retirar unas piedras.

Por último, han testificado los peritos de parte que a pesar de admitir un impacto de los trabajos allí realizados en el yacimiento, han cifrado los daños en algo más de 800.000 euros, muy inferior a los 51 millones que estimaron los peritos del Gobierno de Aragón. Una tasación, según lamentaron desde Ecologistas en Acción, puramente mercantil.

Conclusiones finales

Tras las pruebas periciales, se ha procedido a la lectura de las conclusiones definitivas donde la Fiscalía ha mantenido su petición de dos años y ocho meses de prisión para Victorino Alonso por un delito contra el patrimonio histórico y el pago de 14,3 millones de euros al Gobierno de Aragón.

La acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción y Apudepa, ha mantenido su petición seis años de prisión por dos delitos de daños al patrimonio y medio ambiente y el pago de 50,9 millones. Misma cuantía que ha reclamado la representante legal del Gobierno autonómico.

Por su parte, su letrado ha solicitado la libre absolución de su cliente mientras que las defensas de Fimbas encargado de gestionar el coto donde estaba ubicado el yacimiento- y Ferpi la que encargada de las obras- rechazaron la valoración de los peritos públicos, remitiéndose a las cifras de los de parte.

El juicio ha quedado visto para sentencia.