Bruselas pone al descubierto que fue el Gobierno de Rajoy el que solicitó el Plan de Cierre de la minería

Y lo hizo concretamente el 7 de febrero de 2012, apenas dos meses después de la investidura de Mariano Rajoy como presidente de España, siendo numerosos los contactos e intercambios de información entre las autoridades españolas y los representantes de la Comisión, el último de ellos, el 15 de abril del 2016.

Lejanas quedaron las declaraciones del ya ex ministro de Industria, José Manuel Soria, que insistía en que continuaría literalmente" con el plan de cierre de las cuencas mineras que fue "elaborado por el anterior Gobierno" y remitido a Bruselas en agosto de 2011.

Este documento, al que ha tenido acceso en exclusiva leonoticias, apunta directamente al PP de Rajoy y no el PSOE de Rodríguez Zapatero como el gobierno que inició los trámites para proceder al cierre de las minas de interior, señalando a los populares como culpables no sólo de no revertir la situación creada previamente por los socialistas sino de dar un paso más al frente en el fin de la minería española.

Contenido del documento

El Plan de Cierre trazado incluye 15 empresas mineras de las que cuatro de ellas ya han cerrado todas sus unidades de producción, dos han cesado la producción y solo nueve cuentan con unidades de producción que seguirán en funcionamiento hasta 2018.

Conforme al documento, el importe total de la ayuda asciende a 2.128,5 millones euros para cubrir tanto las pérdidas de producción como los costes excepcionales en virtud del Plan de Cierre para el período 2011-2021.

Asimismo, las unidades de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre pueden beneficiarse de ayudas destinadas a cubrir los costes excepcionales prestaciones sociales, pensiones e indemnizaciones, daños en las minas o rehabilitación de zonas- con un montante total de 1.454 millones de euros.

En cuanto a las indemnizaciones por prejubilación, Bruselas contempla que serán 2.950 las personas que se puedan beneficiar de estas ayudas hasta el 2018, estando obligadas las empresas a remitir un censo anual de los trabajadores adscritos a las distintas unidades. Por último, se prevé que 595 mineros se puedan acoger a la baja indemnizada.