Un precedente en una mina de Aragón impediría el cierre ordenado de la Vasco por las deudas con Hacienda y Seguridad Social

Un desenlace que recuerda, y mucho, al de la mina Mequinenza en Aragón. A las puertas de cumplirse tres años sin actividad, la explotación continúa a la espera del desembolso de las ayudas para echar definitiva el cerrojo a esta explotación.

Al igual que en la Vasco, las labores supondrían una carga de trabajo para buena parte de la plantilla durante tres años lo que permitiría a una gran número de mineros a acogerse a las respectivas medidas sociales.

Sin embargo, los incumplimientos con Hacienda y Seguridad Social impiden, según han trasladado desde el I Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, el pago de las ayudas destinadas a cubrir los costes excepcionales para el cierre de las unidades de producción de interior.

Todo ello a pesar de que conforme al Plan del Carbón recoge que las empresas mineras quedan exentas de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13.2 apartado b), e), y g) de la Ley General de Subvenciones que remarca que no podrán optar a las subvenciones aquellas empresas que no se halla al corriente de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Negativa de Industria

Una exención de la que hacer ahora caso omiso el Ministerio de Industria tal y como consta en un escrito fechado el 1 de marzo del 2016 en el que exige a los titulares de la mina de Mequinenza los certificados del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Una suerte que podría correr también la Hullera Vasco Leonesa. En la actualidad, la minera no está al corriente de pago ni con la Seguridad Social ni con Hacienda, adeudando un montante de 2,5 millones de euros solo a su plantilla. De ahí que, en caso de que el Gobierno siga el mismo criterio que con la explotación aragonesa, cada vez esté más difícil el cierre ordenado de la unidad de interior.

Y mientras, cuatro mineros, ataviados con su mono y casco de trabajo, están a las puertas de cumplir su segunda semana de un encierro en el pozo Aurelio. Una lucha a 200 metros que, sin embargo, para desoye un Gobierno que ya advirtió a la Administración Concursal de que no convocaría las ayudas al cierre.