La minería privada agoniza ante el incumplimiento del Plan de Carbón y culpa a Industria de todos sus males

Así, en 2015, un año considerado como «catastrófico» por la patronal del sector, Carbunión, las empresas privadas extrajeron alrededor de tres millones de toneladas de mineral -frente a los 15 millones importados del exterior-, pero 2016 será aún peor si no cambian las tornas.

En los primeros tres meses de 2016, la cifra de carbón extraído solo alcanzó las 360.000 toneladas, alrededor de la mitad que en el mismo periodo de 2015, ese ejercicio tan terrible que ha llevado a concurso a varias compañías.

Hullera Vasco-Leonesa

La última víctima fue la Hullera Vasco-Leonesa, en liquidación desde febrero, mientras que Unión Minera del Norte (Uminsa), propiedad de Victorino Alonso, comunicó a principios de marzo la decisión de iniciar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para toda su plantilla que, entre propios y subcontratados, alcanza las 1.200 personas, una situación similar a la que atraviesa la Compañía Astur-Leonesa.

De momento, la compra 'in extremis' de carbón por parte de Endesa ha conseguido retrasar el envío al paro de todos los trabajadores, pero la espada de Damocles sigue en alto, porque la decisión de la eléctrica se ciñe a este mes y el que viene todo puede cambiar. Además, aunque hayan logrado frenar el ERTE para los trabajadores de su plantilla, la situación sí ha repercutido en muchas de sus compañías auxiliares, como el operador a cielo abierto Roel, que está ya en liquidación.

En la actualidad, en España apenas subsisten con actividad acreditada una decena de empresas privadas en el sector de la minería, que dan empleo de forma directa a unos 2.000 trabajadores, a los que habría que sumar los empleados de las subcontratas, mientras que unos 1.400 forman la plantilla de la hullera pública Hunosa. En total, trabajan de forma directa en las compañías que explotan minas entre 3.300 y 3.400 personas, la mitad que hace solo un lustro, según los cálculos que baraja Carbunión.

Industria,culpable

El director general de esta patronal, Pedro Iglesia, culpa directamente de la complicada situación por la que atraviesa el sector al Ministerio de Industria y a los incumplimientos del Plan del Carbón 2013-2018, que incluía un mecanismo de reserva para que el 7,5% de la generación eléctrica fuera producida con carbón nacional, un compromiso de apoyo al consumo del mineral autóctono del que nada se sabe y que tenía que estar vigente el 1 de enero de 2015, después de que la vigencia del decreto de restricciones por garantía de suministro finalizase en 2014.

Tampoco se ha puesto en marcha otra iniciativa pactada, en este caso para facilitar las inversiones medioambientales en las centrales térmicas que les permitieran mejorar la producción y reducir las emisiones contaminantes para adaptarse a la nueva directiva europea de emisiones industriales.

«Lo único que pedimos es que se cumplan los acuerdos firmados por el Ministerio de Industria, los sindicatos y la patronal», se queja Iglesia, una crítica que repiten los líderes sindicales y los responsables políticos en los territorios en los que se asientan las minas: Asturias, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. «Si los acuerdos se hubieran llevado a efecto estaríamos hablando de cómo revertir la decisión de cerrar las explotaciones que no son rentables antes de 2018, hablando de futuro, pero la problemática es mes a mes por no decir día a día», se lamenta Iglesia.

De momento solo dos compañías eléctricas están apostando abiertamente por la compra de carbón nacional; EdP, que tiene comprometida la adquisición de la producción de Hunosa, y Endesa, que ha librado del ERTE este mes a las plantillas de Astur-Leonesa y Uminsa y que, en plena decadencia del sector, posibilita que SAMCA y la Compañía General Minera de Teruel, ambas en Aragón, se planteen explotar dos nuevas minas a cielo abierto en esa comunidad para abastecer la central térmica de Andorra.

La situación, ya de por sí crítica, se agrava además en este periodo del año de más lluvias y viento, porque el carbón -da igual que sea nacional o de importación- pierde peso en favor de la energía hidráulica y eólica.

Bonificación al carbón

Aunque a principios de semana, la comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley presentada por el grupo socialista en la que insta al Gobierno a bonificar el impuesto especial al carbón siempre que se cumplan determinados requisitos medioambientales, esta tampoco parece ser la tabla de salvación del sector.

«Es obligado rebajar el coste y el precio final de la energía generada con el carbón autóctono», reclamó la diputada asturiana Adriana Lastra, pero su implantación no está ni mucho menos en marcha. «Para nosotros, el Gobierno no lleva cuatro meses en funciones, no aplica los acuerdos desde enero de 2015, eso lleva en funciones», clama el director general de Carbunión, que teme que cuando se eche a rodar un nuevo Ejecutivo sea ya demasiado tarde.