«Una cosa es la verdad y otra las noticias»

La verdad es una, limpia, sencilla y cristalina, y el ejercicio de narrar la misma se le supone una concesión de extrema responsabilidad recaída sobre el mundo periodístico y sus profesionales.

Narrar lo que ocurre es un ejercicio de tan alta responsabilidad que incumplir esa obligación sólo supone la condena y el desprestigio, cuando no la humillación. Un ejemplo de esa forma de malentender el ejercicio informativo, elevada a la enésima potencia, ha sucedido en las últimas horas bajo la 'operación Enredadera'.

Que el cabecilla de una trama supuestamente destinada a obtener beneficios no legales bajo la sospechosa compra de voluntades sea el empresario leonés José Luis Ulibarri a pocos ha sorprendido.

Salpicado por la 'Gürtel' nadie en Castilla y León desconoce la forma de actuar de un empresario que utiliza sus propios medios de comunicación como 'guardia pretoriana' en unos casos y como amenazante argumento en otros.

Estos mismos medios de (des)información, en no pocas ocasiones dispuestos a pontificar sobre el buen ejercicio periodístico, y siempre preparados para publicar las mejores fotografías e imágenes de un Ulibarri aplaudido sin sonrojo por la clase política, han obviado ahora con servil y humillante forma de actuar el apellido Ulibarri en todas sus informaciones entendiendo, quizá, que así la sociedad sería cómplice de su ignominioso comportamiento.

Estos 'lapdog', estos estranguladores de la verdad, adquieren una dimensión insoportable en el caso de Televisión de Castilla y León. Cada año, cada ejercicio, la Junta de Castilla y León (esto es, todos los castellanos y todos los leoneses) entrega a este ente pseudopúblico la nada despreciable cifra de 19 millones de euros.

19 millones de euros que todos los contribuyentes, con su sacrificio personal, le conceden a la 'tele de aquí' en base a lo que la Junta califica como una aportación directa justificada en el interés público de sus emisiones.

Tan descomunal entrega económica, sin embargo, no parece conllevar como obligación contar la verdad sino, simplemente, distorsionar la misma hasta hacer desaparecer el apellido Ulibarri de sus emisiones. Se entiende así que los castellanos y los leoneses pagan millonarias partidas a una tele para que ésta no sólo no les traslade la verdad sino para que les salpique de mentiras.

Ulibarri, el mismo al que sonríen todos los políticos, está detenido y a disposición judicial. Es así de claro por mucho que la tele que todos los humildes castellanos y leoneses pagan (arropada por una corte de medios escritos herida de muerte por su pobre ejercicio profesional), se empeñe en obviar la realidad.

«Una cosa es la verdad y otra las noticias», decía Lippman. Y lo que añadiría si hoy hubiera leído el Diario de León.