Ulibarri será enjuiciado por su implicación confesa en la trama Gürtel por los contratos de Boadilla del Monte

El constructor leonés y creador de Edigrup, grupo propietario de varios medios de comunicación y uno de los dos que gestionan RadioTelevisión Castilla yLeón (RTVCYL), es uno de los once encausados que previamente habían confesado a la Fiscalía Anticorrupción su participación en los delitos que se le imputan para rebajar su pena y tratar de evitar el ingreso en prisión.

«Nos mostramos conformes con la redacción de la conclusión del Ministerio Fiscal en todo aquello relacionado con la adjudicación a UFC de la parcela», indicaba el escrito remitido por Ulibarri a la Audiencia Nacional, en el que admitía su participación en los hechos investigados en esta causa, la concesión de contratos públicos a cambio de comisiones irregulares simulando servicios no realizados.

Según el auto del juez instructor existen indicios suficientes para el enjuiciamiento de este empresario que, según la acusación, habría pagado un millón de euros a la trama liderada por Francisco Correa para que el ayuntamiento, presionado por este, concediera una parcela a una de sus empresas. La empresa de Ulibarri, UFC SA consiguió la adjudicación de dicho terreno por 35 millones de euros y se habría pagado alrededor del 3% en comisión ilegal.

Una comisión que se habría camuflado como pagos de servicios que nunca se prestaron. En concreto, José Luis Ulibarri reconoce un delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IVA del ejercicio de 2006 de la sociedad UFC, un delito de prevaricación por la adjudicación de la parcela urbanizable, fraude a la Administración Pública; tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil por encubrir en servicios no prestados el millón de euros que tuvo que abonar a la red de Correa.

La Fiscalía Anticorrupción solicita por estos hechos, en su escrito provisional, siete años y un mes de cárcel para el acusado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

La defensa de Ulibarri reclama que se le apliquen las atenuantes de confesión y reparación del daño, y que reduzca la petición inicial de siete años de cárcel a 19 meses. Esto supondría una pena inferior a los dos años y, si se concreta el acuerdo con la Fiscalía, evitaría al menos en esta pieza separada su ingreso en prisión.

Ulibarri, dueño de la empresa Begar, fue imputado también en los casos de corrupción Púnica y Enredadera. El primero se sigue en un juzgado de la Audiencia Nacional y el segundo lo instruye un órgano ordinario de Badalona (Barcelona). Por esta última causa fue detenido en julio de 2018 y estuvo en prisión preventiva durante tres meses.

Hasta ayer han reconocido los hechos de la pieza separada de Boadilla, en un goteo sucesivo, Francisco Correa, cabecilla confeso de la trama; su número dos, Pablo Crespo; el empresario José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora Teconsa, que declaró que el líder de la red medió para conseguirle adjudicaciones con administraciones del PP en Madrid y Valencia; y Alfonso Bosch, exdiputado popular en la Asamblea de Madrid al que nombraron gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla y que admitió el cobro de comisiones irregulares.

En el escrito de Pablo Crespo, remitido en abril a la Audiencia Nacional, reconoce que recibió 593.000 euros por intermediar en adjudicaciones del consistorio dirigido por el popular Arturo González Panero, alias 'el Albondiguilla', en favor de Teconsa, Constructora Hispánica y UFC, de José Luis Ulibarri.