Ulibarri: Un constructor al frente de un grupo de comunicación en el epicentro de la Operación Enredadera

Hijo de un cartero que llegó a Ponferrada desde el norte de Burgos, Ulibarri comenzó a trabajar para José Martínez Núñez, dueño de Teconsa, con el que terminó en disputas por el control de la obra pública en la que se bautizó como la 'guerra del hormigón'. En febrero de 1999, las oficinas vallisoletanas de Begar en Huerta del Rey registraron un incendio que tanto la Policía como la Guardia Civil investigaron, implicando a una agencia de detectives con el suceso. Pese a los testimonios, las diligencias se archivaron.

A mediados de los 90, con Juan José Lucas como presidente de la Junta, el empresario recibió en un concurso público emisoras de radio en las principales ciudades de Castilla y León. Con ellas logró impulsar una cadena nacional (Punto Radio) al tiempo que comenzaba a poner en marcha la televisiva RTVCyL. «Otros empresarios de la construcción tenían sus 'juguetes comunicativos' en diferentes regiones y era lo justo», dijeron en su entorno. Y ahí empezó el desembarco mediático, tras la venta de Retecal a Ono.

Entre los años 2010 y 2013, el Registro Mercantil Central situaba a Ulibarri Cormenzana como consejero en sociedades como Burgos Publicaciones S. A., Soriana de Ediciones S. A., Edigrup Producciones TV S. A., Radio Televisión de Castilla y León, Radio Publi, Promotora Editorial Berciana e Intermedia Press. También figura la propiedad del 'Diario de León', que fue adquirido en marzo de 2007 a 'La Voz de Galicia', mediante un préstamo de 5,8 millones otorgado por Caja España.

Previa a la crisis inmobiliaria, las inversiones del constructor dejaron paso también a otros sectores, como el del Hospital de Vallecas Infanta Leonor, cuya construcción (2005) fue concedida para ser gestionada por 30 años por el Servicio Madrileño de Salud, durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

Pero si hay un año que marca la trayectoria de este aparejador mediático hecho así mismo es 2009. En abril, las cajas de ahorro comienzan a resentirse en sus cuentas por tanto crédito fallido a constructoras.

A mediados de mayo, directivos de varias entidades decidieron convocar a José Luis Ulibarri en Valladolid, para tratar de buscar una solución al 'imperio del ladrillo' que se tambalea por falta de financiación. El constructor buscaba un crédito sindicado de 12 millones de euros para sacar adelante sus promociones de viviendas y de obra civil.

«Estábamos directivos de Caja España, Duero, Caja Madrid, Burgos, Bancaja, Ibercaja y de bancos como BBVA o Santander. En la sede de Caja España, él nos pidió dinero para poder seguir con las obras y le dijimos que el Banco de España había restringido el grifo y que para ello debería poner avales personales. '¿Qué queréis que os ponga?', replicó el empresario. 'Lo que tienes, tus propiedades, sociedades... Aquí en España y fuera del país', se le dijo. Se le remarcó que si no, no habría refinanciación de la deuda. Él contestó que para nada, que si éramos conscientes de que si no obtenía esos fondos iría al concurso con la constructora Begar y que tendría que despedir a los 800 empleados. 'Sería lo peor para todos', nos insistió. La 'amenaza-advertencia' no sirvió y nos levantamos de la mesa sin acuerdo», relata a este medio uno de los directivos que estuvo presente en esa negociación en la sede de la entidad en Fuente Dorada, Valladolid.

Una semana después, el 12 de junio de 2009, Begar Construcciones y Contratas presentó concurso voluntario de acreedores ante el magistrado de lo Mercantil 1 de Valladolid. En octubre de 2009, el pasivo de la empresa alcanzaba los 245 millones de euros y el de acreedores (fontaneros, carpinteros, cementeras, electricistas, transportistas y otros proveedores) llegaba a 6.000. En un auto, el juez de lo Mercantil de Valladolid recogía que Begar debía a Hacienda 3,5 millones de euros y a la Seguridad Social, 2,3 millones. Ayuntamientos, como el de Logroño, Zaragoza, León o Valladolid, también le reclamaban.

Una de las virtudes que resaltan del constructor, de 63 años, es su apoyo en los peores momentos a sus más cercanos. Es el caso del palentino Antonio Alonso Burgos, quien fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con el Gobierno de José María Aznar en 1996. Tras revalidar en las generales de mayo del 2000, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, nombró a Alonso director general de Carreteras. Su departamento fue el encargado de adjudicar, entre otras, la variante norte de Palencia (de la A-65), la variante Noroeste (A-67) o un tramo de la Ruta de la Plata entre la carretera LE-412 y Villabrázaro.

Sin embargo, el 11-M y la salida del PP del Gobierno en 2004 dejó fuera a Alonso y Ulibarri 'lo rescató' como adjunto a la presidencia de Begar hasta su quiebra en 2009. En el listado facilitado a la administración concursal de la constructora figuraban decenas de empleados. Entre ellos, también Antonio Alonso Burgos, que sorprendió al administrador al reclamar al Fondo de Garantía Salarial 600 euros diarios, la nómina que tenía como directivo en la promotora.

Pero también el 2009 dejó a Ulibarri algo que le sigue persiguiendo: Gürtel. El juez José de la Mata le vincula mediante UFC con el pago de una comisión de un millón de euros a la trama de Francisco Correa, un hecho presuntamente cometido en Bobadilla del Monte (Madrid). El juicio por cohecho, prevaricación y fraude a las administraciones públicas está pendiente de celebrarse. Los nueve años de investigación de este caso, con decenas de procesados, han dejado también al juez Baltasar Garzón condenado por las escuchas a abogados de la trama. Una denuncia que, paradójicamente, partió del letrado Ignacio Peláez, ya fallecido, abogado de José Luis Ulibarri. Garzón encargó a la UDEF la grabación de estas comunicaciones y ha sido este grupo de la Policía Nacional el que detuvo al constructor.