El turno de oficio de León supera en 2021 las cifras prepandemia y tramita 7.647 expedientes

Unas cifras que superan las registradas en 2019, con 5.558 solicitudes generales y los 4.284 asuntos de Justicia Gratuita en 2020 y que según el decano del Ilustre Colegio de Abogados de León, Fernando Santocildes, mantienen «la línea de otros años» ya que en 2020 aunque hubo un parón de actividad por la pandemia «se recuperó la tendencia».

Este 2021 que ya dejamos atrás se cierra en el turno de oficio con 503 asistencias a violencia de género, lo que supone un aumento respecto a 2019 (434) y 2020 (408). Una línea que también se mantiene y para la que es preciso, señala Santocildes, dotar de exclusividad al juzgado número 4 de León.

«La violencia de género no se refiere solo a la asistencia a víctimas, también lleva todo lo derivado como por ejemplo los divorcios y requiere una dedicación específica y exclusiva para que los profesionales puedan ejercer su trabajo», explica el decano que también ejerce como presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la mujer del Consejo General de la Abogacía Española.

En León, son cerca de 400 los abogados adscritos voluntariamente al turno de oficio. Un número de profesionales «muy preparados» que para Santocildes es «suficiente» y que reciben formación «continuada, especializada y permanente».

«Lo que hace falta es un mayor reconocimiento social para garantizar un derecho que es fundamental, para que ejercer el derecho de defensa de manera pública se haga con todas las garantías que merece», apuntan desde el Colegio de Abogados.

Una apuesta por este servicio que el propio Santocildes calificaba como la «estrella de la corona de la abogacía» en su toma de posesión el pasado mes de noviembre. Pide así que este turno de oficio sea «valorado y remunerado como merece para garantizar un derecho desde lo público como se hace con la educación o la sanidad pública».

Un servicio que no se puede ofrecer «sin reconocer a los profesionales» y que para los abogados pasa por una revisión de la la actual ley que tiene un cuarto de siglo y que debe «valorar como corresponde a unos profesionales que garantizan la defensa justa de todas las personas».