El TSJCyL rebaja la indemnización de la Diputación a Carflor de 3,7 millones a 414.000 euros

Traslado a la fiscalía

La Sala de lo Contencioso rebaja la cuantía indemnizatoria a Carflor, pero decide deducir testimonio y da traslado a la Fiscalía del proceder de la Diputación de León por si hubiera incurrido en alguna responsabilidad penal en la forma en la que tramitó el expediente administrativo objeto del pleito por «los notorios perjuicios económicos que esa actuación ilegal ocasiona al erario público».

Así, la sentencia señala «la absoluta falta de justificación de las razones dadas por la Diputación Provincial para renunciar a celebrar el contrato de servicios del servicio de ayuda a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León efectuada en 2012, puesto que durante todo el periodo que había de durar ese contrato (2012-2015) abonó a Carflor los servicios prestados en la zona este hasta febrero de 2014 y a otra empresa por los llevados a cabo en la zona oeste, por lo que ningún problema de financiación tenía».

La resolución destaca además «las circunstancias concurrentes tenidas en cuenta por la juzgadora a quo para declarar ilegal aquella resolución, de las que resulta que ya se sabía que podía ser adjudicataria Carflor cuando se renuncia, no obstante, lo cual, no se le adjudica el contrato, pero de facto sí, al menos parcialmente, mediante la prórroga del contrato anterior y ahora hay que abonarle el beneficio industrial dejado de percibir. No está de más destacar la desmesura de la reclamación efectuada por la ejecutante, teniendo en cuenta que continuó la prestación de servicios en la zona donde más horas efectivas de servicios se prestan».

La Sala concluye señalando que la Diputación siguió adelante con la tramitación del segundo concurso, que terminó con la adjudicación del contrato a una UTE, cuando ya sabía «que no era sostenible el argumento utilizado para efectuar la renuncia del anterior», «por lo que podía haberse desistido en ese momento sin grave perjuicio».