El TSJ apuesta por reforzar la Audiencia Provincial de León antes de ampliar Ponferrada

En el caso de León, el refuerzo de esta audiencia provincial sería si cabe más necesario ya que la sección de lo penal «no da abasto para resolver los problemas de la provincia». Al tiempo, el presidente del TSJCyL explicaba que se ha hecho un esfuerzo «importantísimo» en los últimos años en Ponferrada, y recordaba que en 2005, cuando llegó al órgano, en Ponferrada había cuatro juzgados de primera instancia y de instrucción.

«Hoy existen nueve, se ha creado uno recientemente, existen dos de lo social, uno de lo penal y se ha apostado por Ponferrada para una experiencia que solo existe en otras cuatro ciudades de la comunidad como es la nueva oficina judicial», señalaba Concepción, que concluía su respuesta afirmando que Ponferrada «nunca ha estado dejada de la visión de la sala de gobierno ni de su presidente pero hay que potenciar el órgano provincial que existe en las capitales».

Realizaba estas declaraciones a la salida de la reunión que ha mantenido con los abogados de la comunidad, quienes han trasladado al presidente sus reivindicaciones y problemáticas para avanzar en la elaboración de unas recomendaciones con el objetivo de mejorar la justicia en la comunidad y que esta sea «todo lo ágil que queremos y que exige y necesita la ciudadanía».

Precisamente es la demora en la administración de justicia el principal escollo que vive actualmente el sector, con problemas que desde la pandemia se han multiplicado. Si antes de 2020 la justicia en Castilla y León era «ejemplar» respecto a los tiempos de respuesta en todas las provincias en todos los litigios judiciales, la pandemia primero y las dos huelgas siguientes de secretarios y funcionarios han provocado «unos problemas muy importantes que nos va a costar superar».

El objetivo es volver a las cotas de antes de 2020, y en la reunión se ha avanzado en diagnosticar la situación actual para trasladarlo al Ministerio, responsable de dotar de los medios materiales y personales a juzgados y tribunales.

Uno de los principales problemas que existen se refiere a los gabinetes psicosociales que actúan en los litigios de juzgado de familia, cuyo concurso en el caso de procedimientos donde hay menores es fundamental y que actualmente las demoras obligan a que se resuelva en lugar de en cinco meses, en doce. En el caso concreto de la provincia leonesa, los abogados denuncian los «constantes retrasos en los equipos psicosociales que se ven incrementadas ante la falta de psicólogo en el equipo de la capital, así como la falta de formación jurídica en funcionarios de nueva designación».

Definía Julio Sanz Orejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, la situación actual de la justicia de «descrédito y dificultad general». Según denuncia, el día a día de los abogados es «complicado» y los impedimentos, algunos heredados de época pandémica, dificultan la administración de justicia y demoran en exceso los procedimientos afectando a ciudadanos y abogados.

El acceso telemático a los expedientes es otro de los asuntos en los que los abogados encuentran problemas, pues la relación telemática entre instituciones presenta algunas deficiencias en el uso informático. Entre los fallos observados se encuentran deficiencias a la hora de poder acceder al expediente judicial electrónico, la imposibilidad de los letrados que no han sido incluidos como intervinientes a acceder a determinados documentos obrantes en el expediente. «La tecnología debe ser una ayuda para la labor de los profesionales, si dificulta y entorpece el trabajo entonces tenemos un problema», advirtió el presidente del Cacyl tras su reunión con Concepción.

El tercer aspecto sobre el que los representantes de la abogacía han llamado la atención es la demora recurrente en la cobertura de vacantes y, en general, la necesidad de refuerzos de personal en las sedes judiciales, una problemática que perciben en la mayoría de partidos judiciales de la comunidad. Otros temas tratados en la reunión han sido el colapso de las tasaciones de costas en los juicios de nulidad de cláusulas bancarias o la huelga de los abogados de oficio.

Se comprometía por último el presidente del TSJCyL a que los 340 jueces de Castilla y León harán un «plus de esfuerzo» por cumplir con las recomendaciones que se han definido tras la reunión y se harán públicas con el objetivo común de que la justicia de Castilla y León vuelva a funcionar en «parámetros de excelencia»