El Tribunal Superior de Justicia de Madrid cita como codemandados a Ayuntamiento y Junta por la Plaza del Grano

Inicialmente la demanda se encamina hacia la exigencia de responsabilidades al Ministerio de Cultura siguiendo la denominada 'Vía Cabanyal' valenciana que permite a nivel jurídico elevar la responsabilidad al máximo nivel de la Administración entendiendo que ésta debería velar por la conservación del patrimonio, en este caso el Ministerio de Cultura.

Admitida a trámite la demanda, según el letrado Víctor Álvarez como representante de las asociaciones, ahora el TSJ de Madrid ha decidido «requerir al Gobierno Central para que en un plazo de cinco días proceda a dar emplazamiento al Ayuntamiento de León y a la Comunidad Autónoma de Castilla y León para que se personen, en el recurso como codemandados. El Ayuntamiento y Junta tienen nueve días para poder hacerlo«.

Para Víctor Álvarez el argumento de la demanda intenta dilucidar si, como mantienen los demandantes, las obras dañaron no solo la estructura de la misma sino también el entorno y por extensión Bienes de Interés Cultural (BIC) como la iglesia del Mercado y El Camino de Santiago.

Esta demanda fue interpuesta en 2017 por iniciativa de las asociaciones leonesas 'Mocedá en Pie', 'Red Vecinal' y los 'Guardianes de la Plaza del Grano', para que el Alto Tribunal decida si el Ministerio de Cultura «miró para otro lado ante la remodelación de este valioso espacio público del Casco Histórico de León, que acabó de manera definitiva con unos 300 metros cuadrados de empedrado tradicional al ejecutar aceras perimetrales o alcantarillas en su interior, y calculándose la pérdida de un 20% del empedrado que le daba un aspecto casi único en Europa.

Las Asociaciones recurrentes han aportado informes periciales que acreditan que los valores y protecciones de la plaza fueron dañados por las obras«.

A la vista del informe las asociaciones llaman «al nuevo Gobierno Municipal que salga de las urna este domingo a ser crítico con las obras realizadas y a revisar con luz y taquígrafos el posible expolio cometido».

Ahoea estas entidades aseguran que «no se rinden», afirman «que la Justicia va lenta pero avanza inexorablemente» y afirman que «más pronto que tarde habrá una Sentencia sobre el asunto», agradeciendo la colaboración desinteresada de las cientos de personas que están financiando estas actuaciones, a través de un crownfunding.

Las asociaciones recurrentes siguen manteniendo que «hubo vulneración de la Ley que obligaba a la urgente intervención del Ministerio de Cultura para evitar toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social, pérdida y destrucción que ya han denunciado reiterada y públicamente organismos independientes como el propio Icomos, el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España, la Federación por el Patrimonio de Castilla y León o numerosos académicos y expertos en patrimonio cultural a título particular, además de los miles de leoneses que acudieron a las manifestaciones y concentraciones celebradas en los meses de febrero y mayo de 2017«.

Ahora la demanda se resolverá en un contencioso administrativo al que formalmente ni Ayuntamiento ni Junta están obligados a presentarse pese a la solicitud de presencia como 'codemandados' al mismo tiempo que el Ministerio de Cultura. Un proceso que en todo caso se extenderá en el tiempo durante años, según ha asegurado el abogado que representa a las asociaciones.