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Las críticas de los empleados al cierre del Centro de Menores el Alba se elevan desde la forma de comunicación hasta la manipulación de los datos para justificar el desmantelamiento del centro. Una nueva concentración, en este caso frente a la sede de Servicios ... Sociales en León, para pedir a la administración que recapacite.
Desde el comité de empresa preguntan «por qué no invierten en crear dos plazas de educadores, con un director y lo hacemos publico al 100%». David Fernández, presidente del Comité de Empresa del centro de Menores El Alba, recordó que «en Salamanca funciona y ¿en León no funciona? Si la ley es para todos que se cumpla, en Salamanca y en León».
Los trabajadores han contado con el apoyo de varios partidos políticos y sindicatos, así como con el alcalde de León quien ha recordado los momentos más duros de la pandemia y el inmenso trabajo de este centro. «Esto es un ejemplo más de los desmantelamientos de unos servicios públicos», lamentó José Antonio Diez, recordando que «luego en momentos difíciles nos acordamos de ellos».
«Como alcalde todo el apoyo de una ciudad a los trabajadores del centro», remarcó Diez, quien insistió «en la defensa de nuestros servicios públicos y nuestros empleos, de un centro que es referencia y ahora de forma caprichosa quieren desarmar».
Por su parte, desde el Partido Socialista han recordado que presentarán una bateria de preguntas en las Cortes para que la consejera del área explique la situación y las declaraciones de que no se cerrará el centro cuando en la jornada anterior ya se ha finiquitado a cuatro empleadas. A su vez, echo en falta la presencia de algunos compañeros.
«Hay una representación de procuradores de algunos partidos, pero faltan los que ostentan el gobierno en la Junta de Castilla y León», aseguró la procuradora Nuria Rubio, quien se dirigió a los representantes del PP y de Ciudadanos «para decirles, ¿de qué lado van a estar? ¿de la ciudadanía o de sus partidos?».
Desde UPL consideran que este acto sigue la línea de privatizaciones de la Junta y del actual equipo de Gobierno y se han mostrado contrarios a permitirlo. Luis Mariano Santos, procurador de UPL, fue claro remarcando que «entendemos que es un plan de CS y PP en la Junta que va más allá del centro y lo que pretende es privatizar todos los servicios y que se confirma con los últimos movimientos de la Junta de Castilla y León».
En la misma línea se han mostrado desde Podemos. Pablo Fernández insiste en que no se pueden desviar fondos públicos a entidades privadas y le dijo a la consejera Isabel Blanco que «rectifique el cierre porque la gerencia tiene medios materiales y personales». Del mismo modo, lamentó que «no es casual que este desmantelamiento, que estas privatizaciones, que esta pérdida de empleo suceda siempre en León, esto forma parte de un plan preconcebido de la Junta de ataque y desprecio constante a la provincia leonesa».
Los trabajadores seguirán su lucha y las movilizaciones con el apoyo de la sociedad leonesa. Una concentración en la que han alzado la voz contra el cierre de un centro de referencia a nivel autonómico y que también resulta vital para la provincia leonesa.
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