Un total de 172 ayuntamientos leoneses registran deuda cero

Estar al día en las cuentas municipales es algo que no todos los ayuntamientos consiguen. En función de los ingresos, o de la previsión de ellos, los distintos pagos a proveedores, la puesta en marcha de proyectos o el mantenimiento de los municipios suponen un coste para los consistorios que, en muchos casos afrontan a base de préstamos con las entidades financieras.

De este modo, actualmente la provincia de León cuenta con una deuda viva total de 227.861.000 euros, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2021 (los últimos actualizados) a partir de datos que proporciona el Banco de España. Así, cada habitante de la provincia «toca» a 462.496 euros, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que el sueldo medio de los leoneses ronda los 19.500 euros anuales.

Otro dato curioso es que esta deuda se reparte entre un total de 38 ayuntamientos ya que el resto, 172, tienen una deuda cero y permanecen libres de deudas. Un dato que ha ido creciendo en los últimos diez años con ayuntamientos saneando sus cuentas municipales.

Respecto a las poblaciones endeudas, como ya se había dado a conocer en este medio, la capital leonesa supone la que cuenta con mayor deuda, 128.858 miles de euros, con un ligero descenso respecto al año anterior de 3.207 miles.

A parte de León capital, el municipio de San Andrés del Rabanedo encabeza el ránking con 52.535 miles y le sigue Ponferrada con 19.429. Ambas poblaciones han aligerado el total de deuda pública respecto al año anterior, en aproximadamente 5.000 y 3.000 miles de euros respectivamente.

Respecto al resto, de las 40 poblaciones, nueve de ellas superan los 1.000 miles de euros en su deuda viva, y 25 sobrepasan los cinco ceros en los totales a deber. Solo tres municipios mantienen un adeudo inferior a los 10.000 miles de euros: Soto de la Vega, Villaornate y Castro y Onzonilla.

Cabe recordar que fue en 2012 cuando, en plena crisis económica, el Gobierno central -en aquel momento, en manos del PP- aprobó la Ley de estabilidad presupuestaria, conocida como «ley Montoro» por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esa norma estableció una serie de limitaciones en el gasto y el déficit público que tuvieron como consecuencia una reducción progresiva, pero radical, del endeudamiento de las entidades locales. En el año 2020, debido a los imprevistos que provocó la expansión del coronavirus en las cuentas municipales, el Gobierno central decidió suspender la regla de gasto.

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