Un total de 140 empresas de la provincia deberán crear un canal de denuncias

Esta implantación viene provocada por la nueva Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Con motivo de esta normativa, las empresas con más de 49 trabajadores tendrán que implantar un canal de denuncias que sea confidencial y seguro, de acuerdo con la directiva europea 2019/1987, de 23 de octubre. A través del mismo los trabajadores pueden denunciar casos de corrupción, fraude o violaciones de la legislación de la Unión Europea.

En concreto, las empresas afectadas son personas físicas o jurídicas con empresas de 50 o más trabajadores; empresas del sector financiero o personas jurídicas que, aunque no tengan domicilio en España, desarrollen actividades mediante sucursales o agentes sin domicilio permanente. También se incluyen partidos políticos, sindicatos, patronales o fundaciones creadas por los mismos que reciban fondos públicos así como grupos de sociedades.

Acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del derecho de la UE, así como acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, incluidas las que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

• Personas trabajadoras del sector público o privado por cuenta ajena.

• Autónomos.

• Accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa.

• Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y dirección de contratas, subcontratas y proveedores.

A través de un canal interno de información que se deberá implementar en las empresas y Administraciones públicas. Éste deberá permitir realizar comunicaciones por escrito y/o verbalmente.

Al hacer la comunicación, el informante podrá indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de recibir las notificaciones.

Las comunicaciones verbales, incluidas las realizadas a través de reunión presencial, telefónicamente o mediante sistema de mensajería de voz, deberán documentarse de alguna de las maneras siguientes, previo consentimiento del informante: mediante una grabación de la conversación en un formato seguro, duradero y accesible o a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla.

• A la persona física o jurídica denunciante.

• RLT en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo a la persona informante.

• Personas físicas que asistan al mismo en el proceso.

• Aquellas personas físicas que estén relacionadas con el informante, tales como como compañeros de trabajo o familiares.

• Personas jurídicas para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o participación significativa.

Se prohíben expresamente cualquier tipo de represalia, incluidas las amenazas y tentativas. La ley indica como posibles represalias:

• Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria.

• Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoco u ostracismo.

• Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.

• Inclusión en listas negras o difusión de información que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.

• Denegación o anulación de una licencia o permiso.

• Denegación de formación.

• Discriminación o trato desfavorable o injusto.