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La subida de un 8% hasta los 1.080 euros del salario mínimo interprofesional anunciada por el presidente del Gobierno este martes ha levantado el malestar de la patronal ante una medida tomada «unilateralmente por el Gobierno central».
Esta subida, que afectará a más de 66.000 leoneses ... -datos del último incremento de 2021- tendrá efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero y contará con 14 pagas.
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La medida ha levantado discrepancias entre sindicatos y patronal, cuyo presidente no acudió a la reunión propuesta por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Para el secretario provincial de UGT en León, Enrique Reguero, la medida es «positiva» y se acerca cada vez más al objetivo marcado por los sindicatos de llegar a 1.100 euros y alcanzar así el 60% del salario medio.
Esta subida, recuerda Reguero, afectará a cerca del 15% de los trabajadores de España, mujeres en su gran mayoría y «creará empleo como ha venido pasando con las subidas de los últimos años».
Una valoración muy diferente a la que realiza Javier Cepedano, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, que muestran su disconformidad con una medida que «no ha llegado a través del diálogo social» con las tres partes -gobierno, sindicatos y patronal- representados.
«Ha sido una decisión unilateral del Gobierno», apunta Cepedano, quien señala que «llevamos varios incrementos en poco tiempo del SMI y esto conlleva muchos trámites para las empresas».
La propuesta inicial de la CEOE pasaba por una subida hasta los 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.
El presidente de los empresarios leoneses comparte la idea de Garamendi y concluye que la valoración de la subida es «negativa», calificándola de «una medida electoralista, que busca ganar votos y que desde luego no creemos que sea el camino a seguir para crear empleo y hacer crecer la economía».
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lamentó este miércoles que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, «declinara de sus funciones, que son constitucionales», al no acudir a la mesa de negociación del Diálogo Social sobre el Salario Mínimo Interprofesional.
«Tengo un gran respeto al presidente de la patronal, pero lamento que haya declinado en sus funciones», comentó hoy Díaz en su visita a Valladolid para, precisamente, reunirse con patronal y sindicatos autonómicos para tratar de frenar la disolución del Serla planteada por la Junta de Castilla y León.
Con respecto a la subida del SMI acordada ayer con los sindicatos, y que situará el salario mínimo en España en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, Díaz aseguró comprender que desde la patronal «no quieran subir» el SMI, pero recordó que el presidente de la CEOE «tiene que ir a las mesas y decir lo que estime oportuno».
«Declinar no es propio del señor Garamendi», continuó esgrimiendo la ministra de Trabajo y Economía Social, apuntando que «los agentes sociales son muy importantes y tienen que cumplir con sus funciones constitucionales».
También señaló Díaz que la entrada en vigor de la nueva cuantía acordada para el Salario Mínimo Interprofesional se producirá el próximo 14 de febrero, si bien la medida tiene «carácter retroactivo» a 1 de enero de 2023.
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