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El desarrollo de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público intentó regular de una manera más o menos efectiva los llamados «contratos menores». La citada ley bajaba la cuantía máxima de los contratos menores por obras de 50.000 ... euros a 40.000 euros y de suministros o servicios de 18.000 euros a 15.000 euros, además de añadir una serie de requisitos a incorporar a los expedientes.
Estos contratos son una fórmula «excepcional» de contratación que no acaba de satisfacer a los licitantes no agraciados precisamente por su especial singularidad. Estos contraros, de acuerdo a la ley, «podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118». La propia ley permite además que dichos contratos sean sin publicidad si se cumplen determinados supuestos fijados legalmente.
Sin embargo y pese a tratarse de un modelo excepcional de contratación por sus singularidades la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), dependiente de la Consejería de Fomento, ha multiplicado su número de forma exponencial en «contratos menores sin publicidad».
La ausencia de publicidad, legal en todo caso, cuenta con reticencias entre los empresarios que podrían optar a estos contratos al entender que cuestionan los principios que rigen la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores se refiere.
En el caso de SOMACYL y según la Plataforma de Contratación del Pública de 696 contratos menores de más de 5,000 euros adjudicados desde el segundo trimestre de 2018 tan solo se ha dado publicidad a 36, es decir, solo se ha dado publicidad al 5,17% de los contratos menores de esta sociedad de amparo público.
El resto han sido negociados sin publicidad por lo que no se ha hecho público ningún dato más allá de la descripción del contrato, el adjudicatario, la fecha y el importe, con y sin IVA, desconociendo el resto de información trascendental como es lo que realmente se ha hecho (algo que la ley no obliga).
En cifras económicas, si en 2018 -según los datos publicados- se adjudicaron contratos de este tipo -menores y sin publicidad- por un importe de 1.429.034 euros, en 2021 la cifra se ha disparado hasta los 4.381.156 euros lo que supone un incremento respecto al año 2020 de un 143%.
De todos los contratos menores publicados no pasan desapercibidas las cifras de adjudicación, el límite no pasar de 15.000 euros. De este modo existen infinidad de contratos cuyo importe de licitación está entre los 14.500 euros y los 14.995 euros.
Algunos casos, además, resultan especialmente relevantes y llamativos. Así en el segundo trimestre de 2021 se adjudicó de Redacción del Proyecto Básico de 35 viviendas VPO en Carracedelo (León) por un importe de 14.995 euros, mientras que en el cuarto trimestre de ese mismo año se adjudicaba el contrato de Redacción Proyecto Básico para la construcción de 17 viviendas de VPP en el municipio de Tudela de Duero (Valladolid) por 14.855 euros. Ambas adjudicaciones suponen evidenciar que vale prácticamente lo mismo un proyecto básico de 35 viviendas que uno de 17 viviendas.
Otro caso singular es la adjudicación en el cuarto trimestre de 2021 de la Redacción Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción de 6 de viviendas de VPO en Fuentes de Nava (Palencia) por un importe de 14.900 euros. Mientras ese mismo trimestre se adjudica el contrato de Redacción Proyecto Básico y de de Ejecución para la construcción de 16 de viviendas de VPO por 14.800 euros. Es decir, un proyecto de 16 viviendas de VPO es más barato que uno de 6 viviendas VPO.
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