Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
Leonoticias
León
Martes, 15 de mayo 2018, 17:43
La Fiscalía de León, con petición expresa a la que se ha sumado la acusación particular del caso, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de León que extienda el plazo de instrucción del denominado 'caso Caja España' durante dos ... años más.
La solicitud se realiza a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el auto de archivo declarado en su día con el fin de que, en el caso de que el mismo sea rechazado, las defensas no puedan con sus recursos agotar los plazos y llevar el proceso a una situación 'sin salida'.
A la decisión de la Fiscalía, trasladada este lunes, se ha unido en esta ocasión la acusación particular ejercida por IU. El representante legal de la formación, Alberto López, ha asegurado que se trata de una solicitud procedente entendiendo el momento procesal en el que se encuentra el caso.
Para la representación legal de la acusación será en las próximas semanas cuando la Audiencia Provincial se pronuncie lo que, en el caso de ser favorable al no archivo de la causa, podría llevar la misma de nuevo al Juzgado de instrucción.
El letrado que representa a IU, Alberto López Villa, ha explicado a Efe que lo que ha hecho la Fiscalía es tratar de asegurarse un plazo que permita finalizar la instrucción, de la que tan solo falta la declaración de uno de los catorce investigados, el coordinador general del PP y diputado nacional por Zamora, Fernando Martínez-Maillo, que el ser aforado deberá comparecer ante el Supremo.
El Juzgado de Instrucción número 5 de León dictó el pasado 6 de marzo un auto por el que archivaba la causa al considerar prescritos los delitos por los que estaban siendo investigados los exconsejeros de CajaEspaña.
Los recursos presentados tras adoptar el juzgado esa medida argumentan que no hay prescripción del supuesto delito al considerar que desde la comisión del mismo hasta la fecha de la providencia no transcurrieron cinco años.
Eran investigados en esta causa los consejeros que participaron en la reunión del 8 de enero de 2009 del consejo de administración de Caja España en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, empresario y presidente entonces de la entidad, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los 70 millones.
Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo por lo que se investigaba si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción.
Trece de los catorce exconsejeros investigados comparecieron ante el juez los pasados días 18 y 20 de febrero, ya que de la citación quedó excluido Martínez Maíllo, que al ser diputado está aforado y estaba previsto que prestara declaración en el Supremo.
La causa fue promovida por IU, Ecologistas en Acción e Izquierda Abierta (IzAb), que se personaron como acusaciones particulares, si bien no fue respaldada por las entidades resultantes de al extinta caja de ahorros -Caja EspañaDuero y Unicaja- ni por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al no sentirse perjudicados.
El proceso sufrió numerosas interrupciones durante años por los recursos interpuestos por las defensas de los investigados.
Fue el pasado mes de marzo cuando el juez responsable del Juzgado de instrucción número 5 acordó el sobreseimiento del 'caso Caja España'-según el auto al que ha tenido acceso leonoticias- advirtiendo que se trata de acciones prescritas por lo que no caben responsabilidades.
El citado caso implica a 14 consejeros de Caja España que, según la acusación, podrían haber cometido un delito de administración desleal en la refinanciación de créditos a quien entonces ocupaba la presidencia del consejo de administración, el empresario leonés Santos Llamas.
En su auto el juez determina además que el caso se encontraba ya prescrito en el mismo momento de la primera citación a los investigados.
La acusación afectaba inicialmente a Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario de organización del PP; José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Javier García Prieto, concejal por el Partido Popular del Ayuntamiento de León; Francisco Fernández, exalcalde del Ayuntamiento de León -PSOE-; Miguel Ángel Álvarez, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UGT; Bernardo Fernández, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UPL; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero de Caja España-Caja Duero por Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero de Caja España-Caja Duero por el PP; Marcos García, exsecretario de Caja España-Caja Duero ; Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, exconsejero Caja España Caja Duero por el PSOE; Begoña Núñez, Olga Palacio -PSOE-y Alejandro Menéndez.
Tal y como consta en el proceso y remarcó la Fiscalía en su día todos ellos no habrían velado por los intereses de Caja España y permitieron que ésta mantuviera 'vivos' créditos a favor del presidente de la misma, Santos Llamas, pese a tratarse de concesiones financieras de imposible cobro.
El procedimiento actual proviene de las diligencias previas nº 1.917/2013 que fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, como consecuencia de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.
En su conjunto Santos Llamas llegó a mantener una deuda con la entidad (teniendo presente todas las sociedades en las que participaba con un 20% o superior) de 76,7 millones de euros. De ellos casi 68 millones fueron aportados por la entidad primera (Caja España) mientras que otros 8,8 provenían de la segunda entidad (Caja Duero).
El empresario, al ser titular de deudas con la entidad que presidía, se encontraba inhabilitado según la acusación para ocupar el citado puesto de presidente, pese a lo cual los consejeros en ningún caso se opusieron ni hicieron notar esa condición. Por los mismos motivos, Santos Llamas también estaba inhabilitado para ejercer como consejero.
Se trata, tal y como consta en el proceso, de operaciones aprobadas durante los años 2010, 2011 y el 26 de enero de 2012, que tenían por finalidad la refinanciación o restructuración de deudas «sin aportación de nuevas garantías eficaces, efectuadas una vez que había vencido el plazo de carencia de pago de intereses y principal que se había concedido el 8 de enero de 2009, y que ponían de manifiesto la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus compromisos de pago en las fechas de su vencimiento», según una resolución emitida en su día por la Audiencia Provincial en la que se reclamaba el retorno de la causa a su juzgado y el avance en el procedimiento.
Ahora la Audiencia Provincial debe pronunciarse tras el recurso presentado por Fiscalía y acusación después deque el Juzgado de instrucción número 5 de León sentenciara que la actuación estaba prescrita y por lo tanto no caben responsabilidades.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.