Las sociedades laborales se reivindican como vía para un cambio del modelo empresarial que impulse el empleo y reparta riqueza tras la pandemia

El gerente de la Organización Empresarial de Sociedades Laborales de Castilla y León, Aemta, Santiago Molina, defendió que «desde un punto de vista objetivo» el modelo que representan «es imprescindible en estos momentos» ante el reto que hay que abordar de generar empleo, ofrecer alternativas de consumo, distribuir la riqueza entre más actores y contribuir a lograr una Comunidad «más fuerte».

Molina asumió que la crisis ha afectado a estas sociedades multisectoriales, mayoritariamente micropymes, al igual que al conjunto del tejido productivo, pero apuntó a varias «ventajas» de este modelo, como su «flexibilidad interna» al ser socios los propios trabajadores. Asimismo, sustanció que en estas actividades «se ajustan más los costes, los tiempos de trabajo y los salarios conforme a las necesidades», dijo, para preguntarse si los trabajadores van a seguir perdiendo derechos en el tejido productivo tradicional como hasta ahora.

Santiago Molina advirtió de que no se puede apostar de nuevo por potenciar las grandes unidades de producción, «nadie lo entendería», sino que hay que impulsar las pequeñas, que constituyen el 98 por ciento del tejido productivo de la Comunidad, «para que se puedan organizar y cooperar».

Este defensor a ultranza de la economía social, a punto de jubilarse, tras más de 25 años representando y defendiendo a las sociedades laborales, lamentó que en la crisis de 2008, les dejaron de lado, pero en el el contexto actual «debemos jugar un papel esencial» porque en el modelo que representan, dijo, «está la respuesta».

Molina comentó que el modelo empresarial actual «no puede ser el que se mantenga en el siglo XXI» y recordó que la empresa «es un proyecto compartido» y «debe tener un equilibrio entre el capital y el trabajo. «La empresa implica relación, comunidad, investigación y tantos y tantos factores, que en la salida de la pandemia actual debemos ser capaces de darle otra dimensión cultural y las sociedades laborales llevamos ventaja en este sentido», resumió.

«Las sociedades laborales representan los valores con los que construir esa nueva realidad y es necesario un pacto por la reactivación industrial con la puesta en común de las buenas prácticas que desde antes incluso de su construcción legal ya venían practicando las sociedades Laborales», dijo.

El gerente de Aemta constató que esta semana remitió el Ejecutivo regional, en concreto al consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, un documento reivindicativo en apoyo de las sociedades laborales.

En este sentido, expuso que reclaman mejoras en la base reguladora de las subvenciones para el fomento economía social, con programas de inversiones, asistencia técnica y reestructuración financiera para estas actividades.

Asimismo, demandan a la Junta que apoye una serie de reivindicaciones ante el Gobierno de España, como la posibilidad de permitir la solicitud del pago único del desempleo sin necesidad de provenir del mismo, para aquellos trabajadores indefinidos que se conviertan en socios, ya que permitiría la capitalización y financiación de las empresas de Economía Social.

Además, pidió supresión para las sociedades laborales constituidas por dos personas socias de sumar una tercera a los 36 meses, lo que facilitaría la constitución de estas actividades. Además, apeló a la necesidad de que la ley de procedimiento concursal posibilite que los propios trabajadores accedan la propiedad de las empresas que cierran, entre otras medidas de apoyo financiero o formativo.

Castilla y León contaba al cierre del primer trimestre de este año, con un total 456 sociedades laborales inscritas en la Seguridad Social, según datos del Gobierno, lo que supone 39 menos que en el mismo periodo de 2019. Estas empresas daban cobijo a 2.489 trabajadores, con una merma en 257 respecto a las cifras de hace un año.

Molina lamentó la regresión que ha sufrido este modelo empresarial participativo en Castilla y León que despegó en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, para salvar a las SA, y que llegó a su auge en los 90 cuando se incorporaron las sociedades limitadas, con hasta 1.500 empresas en la Comunidad, con una media de 4,5 trabajadores cada una.

Molina explicó que el retroceso de esta fórmula societaria responde a que los apoyos específicos de las administraciones para su impulso «se han ido desmoronado» así como a las asociaciones representativas, que no tienen capacidad de divulgación del modelo. «Llevó más de 25 años y es raro el día que no tengo que explicarlo», resumió.

«Será cuestión de voluntad política que se puedan realizar actuaciones que faciliten la recuperación productiva de empresas en crisis, así como propiciar, ante los procesos de cambio generacional que se producirán en muchas empresas, la puesta en marcha de sociedades laborales», concluyó.

El mayor número de sociedades laborales cotizantes en la Comunidad, está en el sector de comercio y hostelería, 169 con 561 trabajadores, junto a las industrias extractivas y manufactureras, 88 y 636 socios; y las constructoras, 71 con 266 personas.

Asimismo, había 58 sociedades laborales dentro de las actividades profesionales y servicios auxiliares, con 341 trabajadores; y 24 con 205 socios, en educación y actividades sanitarias y sociales. A estas se suman, la veintena de sociedades con 88 trabajadores, dentro de actividades culturales y otros servicios.

La lista se cierra con 35 con 131 socios en transporte, almacenamiento y comunicaciones; nueve con 16 trabajadores en intermediación financiera y actividades inmobiliarias; una decena del sector primario con 51 asociados.