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La situación por la que pasa el Consejo General del Poder Judicial no apunta a tener una solución rápida y eficaz. Si aún quedaba algún puente en pie para que PSOE y PP negociaran renovar su composición, el pasado jueves 28 de enero terminaron ... de arder.
La polémica reforma propuesta por los socialistas y Unidas Podemos para limitar los nombramientos del órgano mientras esté en funciones –como viene sucediendo desde hace más de dos años– seguirá su tramitación después de que el Congreso rechazara las enmiendas a la totalidad de los populares, Vox, Ciudadanos y JxCat.
El debate se engalanó con los mismos argumentos que los diferentes grupos vienen repitiendo desde que el pasado verano el Gobierno retomó la iniciativa para tratar de desbloquear al Poder Judicial.
Para la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser, es el Parlamento (Congreso y Senado) «quien tiene una responsabilidad y una obligación». «Yo ahí no distingo a nadie, son ellos los que tienen que votar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial», señala, asegurando que «hay gente con méritos y con mucha capacidad».
Por ello, Del Ser entiende que lo que habría que hacer es «que les examinen y les voten por mérito y capacidad, tampoco es cuestión de encasillar a la gente por ideología». Un problema «que podríamos solucionar con una comisión en el Congreso y en el Senado, ¿tan difícil será?».
Preguntada por si la política influye demasiado, Ana del Ser defiende que «se complican la vida, porque en definitiva, más que política es cuestión de amiguismo. Sería tan fácil como hacer una valoración de los mejores candidatos para prestar un servicio público».
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