Los sindicatos de los funcionarios de justicia en León defienden su derecho a la huelga

«Parece mentira que por unos juristas se ponga en entredicho el ejercicio de un derecho fundamental como es el de huelga. Tanto más curioso, es que esta indignación mostrada por ambos profesionales se ha efectuado tan sólo dos días después de iniciados los paros por los funcionarios , y sin embargo no anduvieron tan veloces para mostrar su indignación por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, finalizada tras casi dos meses unos días antes de Semana Santa», afirman.

Según los sindicatos, «estos dos juristas debieran lo primero respetar nuestro derecho a la huelga, aunque por supuesto comprendemos su preocupación por las dificultades y perjuicios que sufrirán los profesionales que representan , al igual que las del resto de los ciudadanos», a lo que añaden que «ellos conocen de primera mano, mejor que nadie, la realidad del trabajo en las oficinas judiciales, quiénes efectuamos la mayor parte de los trámites para que los asuntos salgan adelante, con unos medios tecnológicos bastante deficientes, con caídas constantes de los sistemas y aplicaciones informáticas, que se suplen con el esfuerzo y la buena voluntad de los funcionarios que los tramitan».

Los funcionarios de la Administración de Justicia lamentan los perjuicios y molestias causadas tanto a los profesionales que ambos representan como al resto de los ciudadanos, pero «esta situación ha sido provocada por el Ministerio de Justicia que lleva años sin atender nuestras justas reivindicaciones. Entendemos que la situación producida en los despachos dedicados a la abogacía y la procuraduría a consecuencia de los dos meses de huelga de los Letrados A.J. entre finales de enero y finales de marzo, tiene una repercusión directa por las consecuencias, económicas y sociales que acarrea el cese de su actividad profesional, tanto en los tribunales, como de cara al público y a los ciudadanos, que esperan con diligencia la atención a los servicios demandados».

Los sindicatos hacen hincapié en el hecho de que el Ministerio de Justicia, siendo conocedor de la situación y condiciones laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia, «ha dejado que la reclamación de un Cuerpo, con su huelga correspondiente, haya dejado al margen las reclamaciones de los demás Cuerpos funcionariales, a pesar de compartir todos la tarea diaria y, por tanto, toda la gestión de la tramitación de los expedientes judiciales».

Y asimismo, los funcionarios de la Administración de Justicia muestran su hartazgo con tener que «realizar funciones por encima de las tasadas en la LOPJ, porque si no el Juzgado se hunde, sin reconocimiento retributivo alguno. Estamos hartos de que los cambios organizativos y tecnológicos se resuelvan con el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de sus derechos laborales, o con privatizaciones de la Justicia para favorecer a determinados colectivos».

Además, están «indignados» también por las «presiones e instrucciones recibidas» durante la huelga para que no hicieran su trabajo, con el «silencio cómplice» del Ministerio y más todavía, cuando una vez finalizada, se dictaron instrucciones para evitar el envío masivo del trabajo realizado en borrador durante los dos meses de huelga, y actualmente se están acordando planes de actuación, «reales o encubiertos», para recuperar la normalidad perdida por la huelga de otros.

Para concluir, esperan que los profesionales que representan que «respeten nuestro derecho a la huelga, y que en vez de criticarlo, tengan una aptitud más constructiva, y que desde el Consejo General de la Abogacía y desde el Consejo General de la Procuraduría intervengan ante el Ministerio de Justicia para que se pueda solucionar nuestro conflicto cuanto antes, pues el Ministerio es el único que tiene la capacidad para ponerle fin».