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El Grupo Popular en el Senado ha solicitado la revisión de la orden ministerial que modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para que retire un texto que, según los expertos consultados, «puede dar lugar a que se legitime la expropiación forzosa o ... que las comunidades autónomas puedan poner a disposición de los colectivos vulnerables cualquier vivienda sin que medie la voluntad de sus propietarios. En todo caso la técnica normativa es pésima, confusa y crea inseguridad jurídica».
El senador del Partido Popular por León Antonio Silván ha explicado esta moción presentada en el Senado para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un planteamiento presentado a instancias del senador leonés y de sus compañeros Antonio Román, Francisco Bernabé y Pedro Rollán; y firmado por el portavoz, Javier Maroto.
Silván ha indicado que esta moción responde a la orden ministerial publicada el pasado 11 de abril por la que se incorpora, sustituye y modifican los programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, adoptándose medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
En su artículo 4 «se regula un nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables que sustituye al programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual; y en su punto 3 trata lo que llaman 'solución habitacional'».
La orden señala textualmente que «las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes».
Un texto que, como explica Silván, «parece que este Gobierno entiende como soluciones habitacionales que puedan implementarse de forma rápida y mediante adjudicación directa cuando así sea necesario las viviendas de titularidad privada; lo que para nosotros es una expropiación forzosa de viviendas en toda regla o que legitima su ocupación».
Los populares han consultado con expertos que han insistido en que la redacción de esta normativa «puede dar lugar a que se legitime la expropiación forzosa o que las comunidades autónomas puedan poner a disposición de los colectivos vulnerables cualquier vivienda sin que medie la voluntad de sus propietarios. En todo caso, añaden, la técnica normativa es pésima, confusa y crea inseguridad jurídica».
De ahí que los populares, como ha subrayado Antonio Silván, hayan presentado la petición para modificar esta orden: «Nosotros hemos pedido en el Senado que se cambie de forma inmediata para que el inciso final del punto 3 de su artículo 4 sea suprimido».
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