El Sindicato de Enfermería, Satse, de León alertó sobre el «grave impacto» de la nueva ley de atención sociosanitaria, al que acusaron de «promover el intrusismo» por «eliminar la obligación de contar con enfermeros y fisioterapeutas cualificados en las residencias para abaratar el servicio», así ... como de «sobrecargar los centros de atención primaria«.
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Esta normativa afecta a las 300 plazas públicas de León y cerca de 1.000 plazas concertadas con la Junta de Castilla y León en León, «una de las provincias más envejecidas», lo que «compromete severamente la calidad de la atención a los residentes».
Según Satse, la reciente ley permite que los centros residenciales empleen a personal técnico con formaciones de Formación Profesional en áreas sanitarias o sociosanitarias, sin la necesidad de la titulación universitaria que anteriormente era indispensable para la práctica profesional de enfermería y fisioterapia, lo que «pone riesgo la salud y bienestar de los residentes y fomenta el intrusismo profesional al permitir la realización de tareas especializadas por personal no cualificado».
Además, la eliminación de enfermeras y fisioterapeutas de los centros representa para el sindicato «la pérdida de profesionales de referencia que han desarrollado altos niveles de especialización tras años de trabajo dedicado en una provincia con una población altamente envejecida», algo que es «irremplazable y representa un retroceso en la calidad del cuidado que merecen los mayores«.
Por otra parte, Satse advirtió que «la normativa también incrementará la carga de trabajo en los centros de salud de atención primaria al tener que asumir responsabilidades adicionales que antes cubrían los profesionales en las residencias».
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En respuesta a esta situación, Satse León avanzó que reivindicará en todas las instancias pertinentes e iniciará las medidas a su alcance para revertir esta situación que consideran «injusta» y que supone «un recorte en los servicios esenciales para la población mayor». «No cesaremos en nuestra lucha hasta que se restablezcan las garantías de una atención digna y profesional para nuestros mayores», afirmaron.
Finalmente, Satse León hizo un llamamiento «urgente» a la Junta de Castilla y León para revisar y modificar esta legislación, «asegurando que las residencias continúen contando con el personal cualificado necesario para ofrecer cuidados especializados y adecuados».
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